El expediente perdido apareció. Es una vieja pieza de tres cuerpos, que data de 2012, en la que constan las pesquisas para determinar si la entonces Repsol-YPF contaminó o no en las áreas Barrancas y La Ventana. Para ser rigurosos, apareció el 14 de agosto pasado y a los pocos días fue traspasado a la Fiscalía de Delitos Complejos que comanda Daniel Carniello. Según Los Andes, el 15 de setiembre, por orden del nuevo fiscal, se hizo una inspección ocular en la zona. Lo que se encontró aún no ha trascendido, pero por lo pronto ya se liberó un oficio ordenándole a la actual YPF que “se abstenga provisoriamente de realizar cualquier trabajo y/o tarea que modifique el estado de situación de los hechos que se habrían verificado”. El tiempo pasa y lo que ayer era una patriada en busca de la recuperación de la “soberanía energética”, hoy es un inconveniente político, porque la investigada es la recuperada YPF, cuyo mayoritario capital accionario es propiedad del Estado y su presidente es uno de los preferidos de la presidenta Cristina Fernández. Hoy parece lejano que el propio gobernador mendocino Francisco Pérez fue el que ordenó las inspecciones ambientales y la posterior denuncia penal contra Repsol. Es más, los pasivos ambientales encontrados en marzo de 2012 en las áreas Barrancas y La Ventana eran uno de los argumentos para sacarle la concesión a YPF e incluso hasta para no pagarle compensación alguna a la empresa española que la gerenció hasta mayo de 2012. Hoy las palabras del oficio remitido a la petrolera sugieren que la situación ha cambiado poco, pero ahora la gerencia reporta directamente a la Presidenta.