Hay empresas que tienen el terreno comprado y otras que hasta cerraron los contratos con los futuros usuarios de la energía. Son al menos cinco las compañías que están esperando la señal de largada del Gobierno para invertir en proyectos de energía renovable, ya sea eólica o solar. En la Secretaría de Energía trabajan en los últimos trazos de la reglamentación de la ley de Energías Renovables (o ley Guinle, por el senador del FpV que la presentó), que se votó en septiembre. La norma contó con el asesoramiento de Sebastián Kind, que ahora está al frente de la Subsecretaría de Energías Renovables cerrando los detalles. Cerca del ministro Juan José Aranguren dicen que estará lista antes de fin de mes. La norma ayudará a sustituir la energía generada a partir del gas importado. Además, el sinceramiento de las tarifas hará más aceptable en el mercado los precios de esta energía, que es más cara.
La expectativa por la norma –que reemplazó una ley de 2006 que nunca se llegó a cumplir y el programa GENREN de 2009– tiene su lógica. La ley establece que al 31 de diciembre de 2017 el 8% de la matriz energética debe provenir de energías renovables y obliga a los grandes usuarios (pymes, supermercados e industrias, entre otros) que demandan 300 kW de potencia o más, a cumplir con ese porcentaje o, de lo contrario, pagar fuertes multas. Este punto fue resistido al interior de la UIA, que quería que todos abonaran las sanciones.
Como hoy apenas 1% de la matriz está compuesta por este tipo de energía, para llegar al objetivo habría que instalar entre 2.000 y 3.000 MW (un monto que todos ven materialmente imposible). Ahí entran los proyectos en espera: con la reglamentación de la ley tendrán, además de la demanda asegurada, fuertes beneficios impositivos. La norma también crea un fondo para financiar proyectos, y las empresas esperan que el Gobierno realice subastas de compra de energía.