Luego de tres meses de incertidumbre, en cuyo transcurso se sucedieron conflictos laborales y reclamos institucionales no exentos de enfrentamientos políticos, el Ministerio de Energía anunció que en mayo se retomará la construcción de las represas hidroeléctricas. Según Nuevo Día, los emprendimientos cuentan con financiamiento de bancos de la República Popular China y en los meses finales de 2015 se montaron los campamentos y obradores en los sitios donde se levantarán las represas, pero con el cambio de gobierno nacional los trabajos se paralizaron y solo se venían realizando obras menores. Poco después de asumir, el nuevo titular de la cartera de Energía, Juan José Aranguren, dispuso realizar una «revisión de los contratos» que el gobierno de Cristina Fernández firmara con el grupo empresario conformado por las firmas cordobesa Electroingeniería, la china Gezhouba e Hidrocuyo. El funcionario había señalado que tomó la decisión de «ajustar el proyecto al marco regulatorio vigente y asegurarnos que se hace conforme a un proyecto ejecutivo definido», por lo cual convocaba a los responsables. Esta situación implicó la paralización de las obras, algo similar a lo que ocurrió con la Central Térmica de Río Turbio, lo cual generó manifestaciones de obreros de la construcción afiliados a la UOCRA y serias críticas de funcionarios kirchneristas. Las más llamativas fueron las que formularon el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el actual vicegobernador santacruceño, Pablo González, quienes denunciaron que la gestión del presidente Mauricio Macri marginaba a Santa Cruz.