Mendoza: El gobierno rechaza objeciones de la Iglesia por Hierro Indio

Mientras el proyecto minero Hierro Indio camina rumbo a la aprobación casi por unanimidad en la Legislatura, apareció un actor ambientalista inesperado para encender una mecha que parecía apagada: la Iglesia.

Hace una semana la iniciativa consiguió media sanción en Diputados, ahora está en comisiones y la semana que viene se espera que se convierta en Ley en el Senado. Pero en el giro de una Cámara a otra y dos días después de las elecciones, el arzobispo Marcelo Colombo publicó un comunicado informando que llamó al presidente del Senado y a los jefes de los bloques -a través de una carta- a establecer “consensos e información en los grandes debates”, puntualizó sobre Hierro Indio.

Específicamente, Colombo pidió que los legisladores escuchen el “parecer de los representantes de las Asambleas del Agua, especialistas y conocedores de la temática”. Para hacer esta manifestación pública se apoyó en la encíclica Laudato Si del papa Francisco. Además, el arzobispo remarcó “la necesidad de tener en consideración las consecuencias del cambio climático, la escasez de agua y la contaminación”. 

Obispo ambientalista

Para el oficialismo, este reclamo llega fuera de tiempo ya que el espacio para hacerlo fue el 25 de setiembre en la audiencia pública de Malargüe. “Las Asambleas hablaron en la audiencia y ése es el lugar de participación. Ya fueron escuchados y están las grabaciones. Por la red de iglesias y minería habló Daniel Funes”, dijo el presidente provisional del Senado, Juan Carlos Jaliff.

“En la Legislatura sólo controlamos que se cumplan los requisitos de los informes de impacto ambiental. No corresponde recibir a nadie. Al arzobispo le vamos a contestar la carta como corresponde”, agregó.

Además, Jaliff destacó que es la primera vez que llega a la casa de las leyes una nota de Colombo. “Lo de Hierro Indio no es como los proyectos de modificación de la ley 7722 que se trataron el año pasado en comisión. Ahí recibimos a todos los sectores”, dijo. 

Colombo llegó a Mendoza en mayo del año pasado y es conocido por sostener las banderas de las dos vidas y del ambiente. Además, tiene una larga trayectoria de luchas sociales. De hecho, cuando fue obispo de La Rioja los vecinos de Famatina -que lograron expulsar a cuatro empresas mineras- destacaron la actuación clave de Colombo en la mediación. El sacerdote fue uno de los que pidió garantías para los manifestantes cuando cortaban rutas y repudió la represión policial.

“En La Rioja acompañé el reclamo de Famatina contra la explotación minera aurífera. Ahí acompañé el reclamo de la gente por el cuidado del agua e hice llegar a la autoridad pública el deseo de que no se malograra la única fuente de agua de la región”, dijo el también vicepresidente II de la Conferencia Episcopal Argentina en una entrevista con Los Andes el año pasado. Ayer, desde el Arzobispado dijeron que Colombo no iba a hacer declaraciones más allá del comunicado.

Pero desde las Asambleas del Agua celebraron su accionar. “El pedido de Colombo está en sintonía con las Asambleas que convocan al diálogo”, dijo el geógrafo y representante de los ambientalistas, Marcelo Giraud.

Polémica con ambientalistas

La semana pasada, los grupos ambientalistas reclamaron, porque no los recibieron en el tratamiento en comisiones.

“Cuando el proyecto estaba en Diputados, el diputado  Majstruk acordó que nos iba a recibir en la comisión que preside pero después se trató en plenario de comisiones. Íbamos a exponer el 22 pero las autoridades de la Cámara cancelaron la reunión. Sólo se reunieron con el Gobierno. No nos recibieron, a nosotros ni a la empresa”, dijo Giraud.

Esta situación también fue denunciada por el diputado del PJ durante su alocución en el recinto. “Cuando tratamos esta declaración propuse que escucháramos a los que tenían posturas más críticas, como los vecinos y las asambleas. Y que también se escuchara a la empresa. Pero la semana pasada abreviaron el trámite. Sólo escucharon al Gobierno.

No se cumplió con los pasos fundamentales que acordamos en aquel momento”, dijo para justificar su voto en contra.

Ante estas declaraciones, el titular de la comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda, Jorge Sosa (UCR), aseguró a este diario que el expediente estuvo un mes en su despacho y que durante ese tiempo él no recibió pedidos formales para reuniones. “El arzobispo puede pedir ser escuchado como cualquier otro ciudadano a través de una nota pero durante el tratamiento de comisiones en Diputados nadie elevó ningún pedido. Yo no recibí ninguna nota formal. Si no se recibió a nadie durante un mes fue porque no se solicitó como corresponde”, señaló.

“Parece que el arzobispo sí recibió un reclamo y lo atendió. Ellos (por las Asambleas) defienden la 7722 y este proyecto cumple con la ley”, agregó.

Fuente: Los Andes