El debate minero volvió a reactivarse en la Legislatura en los últimos días. El oficialismo y el gobernador electo, Rodolfo Suarez, ya lo han hecho público y tienen apuro en reactivar la actividad. Ahora buscan modificar la Ley N° 7.722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas y químicas en la actividad minera. Se espera que la pulseada la resuelva el mismo Suarez a su regreso de China.
En los últimos días hubo varias reuniones y pedidos del radicalismo para avanzar en la reforma. Sin embargo, el PJ finalmente se plantó y le puso un freno al debate. Básicamente el peronismo no se la hará tan fácil al Ejecutivo en un tema con alta sensibilidad social en el que nadie quiere cargar con la mochila, ni con el costo político de avanzar con la minería.
“El Gobierno está promoviendo un tratamiento express. Nos enteramos por vías laterales que este martes querían tratarlo en la Legislatura”, manifestó el presidente del PJ, Guillermo Carmona, que insistió en que el Poder Ejecutivo envíe un proyecto de ley propio para avanzar con los cambios en la conocida “ley antiminera”.
Es que desde el oficialismo lo que hicieron en estos días fue intentar que se destrabe el tratamiento de los proyectos de los peronistas Juan Agulles y Alejandro Abraham, que fueron presentados el año pasado.
Las iniciativas prevén cambios que no agradan incluso ni a los mismos integrantes del PJ, ni a los intendentes. Por ejemplo en los proyectos se plantea la eliminación de la obligatoriedad de que la Legislatura apruebe la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). También se habla de «parques mineros controlados» en zonas con potencial para la actividad y de policía minera, entre otros cambios.
Mientras que en el kirchnerismo prefieren esperar el regreso de Suarez de su viaje de China para que de una vez por todas los ponga al día con su plan de Gobierno. Tal como quedó establecido, la senadora Anabel Fernandez Sagasti y los intendentes, serán los encargados de sentarse a negociar. De todos modos en Unidad Ciudadana descartan que este tema y otros que le interesan al Ejecutivo puedan ver la luz antes de fin de año.
“Es una picardía que impulsen estos cambios con el futuro gobernador en China”, señaló un legislador peronista.
Lo cierto es que si bien no hay acuerdo entre el peronismo y el oficialismo, tampoco lo hay puertas adentro de cada espacio. Esto, principalmente porque algunos legisladores territoriales no están dispuestos a levantar la mano para modificar la 7.722.
En el caso del peronismo volvieron los mantos de sospechas sobre el diputado Abraham, ya que apuntan a una “connivencia” con el gobernador. De hecho algunos diputados no participaron de la reunión que tuvo el peronismo el pasado lunes donde se acordó una postura.
Del lado del oficialismo, uno de los que quedará entre la espada y la pared es el intendente aliado, Jorge Difonso, que asumirá su banca en Diputados. Pero no solo eso, el sancarlino sonó para la presidencia de la Cámara Baja o bien para la presidencia de bloque y su postura antiminera podría complicarle ese futuro protagonismo.
“Tengo una postura como coautor de la ley y no la cambio. Tengo una postura histórica con fundamentos. En Cambia Mendoza hay pluralismo”, confió el jefe comunal, aunque manifestó que también hay divisiones en el PJ por este tema.
Por su parte el senador radical, Diego Costarelli, insistió con el tratamiento de esos dos proyectos y culpó a la interna del PJ por no poder avanzar. En torno a esto aseguró que Alfredo Cornejo apunta a lograr un “consenso político” antes de aprobar alguna iniciativa relacionad a la minería.
“Estamos dispuestos a avanzar y el propio peronismo dificulta el tratamiento definitivo del tratamiento, ponen trabas”, añadió Costarelli.
Frente a esto el legislador no descarta que el oficialismo convoque a todas las partes a una reunión en los próximos días con Suarez y Cornejo para poder consensuar.
El lobby minero
Desde la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEM), Raúl Rodríguez mostró su satisfacción porque el tema se puso de nuevo en agenda.
“Es bueno estar de nuevo en la agenda pero pedimos un tratamiento responsable por encima de los intereses sectoriales”, expresó.
El sector empresario insiste en que el tema de la minería de una vez por todas se transforme en una política de Estado. Mientras tanto está evaluando la posibilidad de presentar una nota en conjunto con la Unión Industrial Mendoza (UIM), el Consejo Empresario Mendocino (CEM) y la Federación Económica Mendoza (FEM) para que se de un “tratamiento consensuado” entre todas las partes.
En diálogo con LVdiez, el presidente de la UIM, Mauricio Badaloni, insistió también en una convocatoria a todos las partes.
“Me parece que hay ponerse los pantalones largos, tomar decisiones y hacerse cargo. Me gustaría que el gobernador y el electo también convoquen al cuarto piso e iremos todo para allá y que se tomen las decisiones”, expresó Badaloni.
“Nosotros vivimos acá y tenemos nuestras familias también, pero la evidencia se lleva por delante nuestra realidad de no crecimiento, de pobreza y por otro lado vemos que esta actividad es una actividad lícita en el mundo. Entonces tenemos que ser conscientes de que tenemos que prepararnos, instruirnos y capacitarnos y hacer de esto una realidad de empleo, de crecimiento”, concluyó el empresario.
Fuente: Diario El Sol
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