Por tercera vez en la historia argentina, para intentar salir del atolladero energético un gobierno acude a recetas que antes había criticado. Primero fue Juan Domingo Perón, en 1955, cuando, pese a sus críticas al capital internacional, cerró un contrato con la Standard Oil para buscar petróleo. Tres años más tarde le ocurrió a Arturo Frondizi, que había rechazado ese acuerdo en su libro Petróleo y política , pero cuando llegó al poder favoreció el ingreso de capital extranjero. La presidenta Cristina Kirchner se sumó ayer a esa lista: después de una década de criticar, presionar, amenazar con la quita de concesiones y hasta expropiar YPF, hizo reformas en el marco regulatorio del sector petrolero favorables a las empresas con el objetivo de atraer inversiones internacionales.
Le bastaron 20 artículos del decreto 929, publicado ayer en el Boletín Oficial, para dar un golpe de timón a la política de hidrocarburos que aplicó el kirchnerismo desde 2003. La norma da concesiones a las compañías impensadas hasta hace poco. Entre ellas, las autoriza a exportar una parte de su producción sin retenciones y les garantiza la libre disponibilidad de los fondos que esas operaciones generen. Así lo consignó La Nación.
Especialistas del sector criticaron que la norma esté hecha «a la medida de Chevron», la petrolera norteamericana con la que YPF firmaría hoy un acuerdo de inversión para producir gas y petróleo en Vaca Muerta, en Neuquén, la mayor reserva de hidrocarburos del país. Chevron es la sucesora de la Standard Oil.
Las petroleras locales celebraron la medida a través de un comunicado. El decreto crea un Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos. Podrán acceder a él las empresas que realicen «una inversión directa en moneda extranjera no inferior» a los 1000 millones de dólares en los primeros cinco años del proyecto. De manera que las petroleras que quieran suscribir a los beneficios deberán ingresar divisas. A cambio, podrán «comercializar libremente en el mercado externo el 20% de la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos producidos» en esos proyectos, con «una alícuota del 0% de derechos de exportación [retenciones], en caso de resultar éstos aplicables.
Las empresas, además, tendrán la libre disponibilidad de las divisas provenientes de esas exportaciones, por lo que no estarán obligadas a ingresarlas al país.
El decreto les da otro reaseguro: en caso de que la producción nacional no alcance a cubrir la demanda interna y el Gobierno deba disponer de las exportaciones para cubrir esas necesidades, las petroleras cobrarán por esa porción «un precio no inferior al precio de exportación de referencia», sin retenciones. Las empresas que deban ceder esos volúmenes, además, tendrán «derecho prioritario a obtener divisas de libre disponibilidad a través del Mercado Único y Libre de Cambios por hasta un 100% del precio» obtenido por la venta en el mercado interno.