Mientras la Casa Rosada termina de definir la letra chica de la resolución que reglamentará el retiro de entre un 20% y un 80% de los subsidios que reciben las tarifas de gas -tal como se anunció el jueves pasado-, los gobernadores de provincias petroleras empezaron a tejer una jugada para elevar sus ingresos impositivos atados a la producción del fluido.
Los mandatarios especulan con que la quita de las subvenciones del Estado a las boletas residenciales de gas incrementará la facturación de los productores del hidrocarburos. En base a esa lectura, apuntan a aumentar lo percibido en concepto de regalías gasíferas, que equivalen de un 12 al 15% de los ingresos de las petroleras por la venta del hidrocarburo.
En rigor, los gobernadores interpretan que el retiro de los subsidios terminará provocando una mejora del precio del gas en boca de pozo que cobran las empresas. Para corroborar la viabilidad de esa creencia habrá que esperar a leer el articulado de la normativa que prepara el Gobierno. Es que la mayor parte de los aportes estatales dirigidos a mantener bajas las tarifas de gas se destinan a cubrir el costo del gas importado, hasta seis veces más caro que el cobran los productores locales. En 2013, Enarsa recibió US$ 5384 millones para solventar la compra de gas desde Bolivia y del LNG que llega por barco. Si el Ejecutivo decide canalizar el dinero extra que pagarán a partir de ahora los usuarios residenciales para reducir esa cuenta, las compañías petroleras no mejorarán sus ingresos. Se tratará, en ese caso, de un ajuste para podar el déficit fiscal del Tesoro.
Existe, sin embargo, otra posibilidad que ilusiona a los gobernadores petroleros. Si bien la principal porción de los subsidios gasíferos se la lleva la importación del fluido, el Estado también subvenciona a las petroleras que inyectan más gas en el sistema a través del Plan Gas. La iniciativa autoriza el pago de hasta US$ 7,50 por millón de BTU (tres veces más que la media del mercado) para las compañías que mantengan o eleven su producción. Las operadoras beneficiadas -YPF, Total, Wintershall y Pan American Energy (PAE), entre las principales- reciben ese dinero en forma de subsidio.
Se estima que este año el Tesoro destinará US$ 1200 millones para, en definitiva, mejorar el precio del gas que cobran los productores. Si la Casa Rosada opta por recortar ese ítem, que en la práctica implicaría que parte de lo recaudado por las nuevas boletas de gas sea recaudado por las empresas, las provincias aspiran a cobrar regalías sobre ese diferencial.
“Es lo que nos corresponde como titulares del recurso hidrocarburífero. Si la quita de subsidios replica en un aumento de la renta petroleras, lo lógico es que las provincias incrementen sus regalías”, explicó a El Inversor Online un gobernador de la Ofephi, la organización que nuclea a las provincias petroleras.