Las distribuidoras y transportistas de gas podrían ir a la Justicia por la implementación de las nuevas tarifas residenciales presentadas hace dos semanas. Es que, más allá de saludar la esperada actualización de los valores del fluido para los hogares, las empresas interpretan que existió una discrecionalidad en el armado de los cuadros tarifarios que favorece a Metrogas, la mayor distribuidora del mercado, que es controlada por el Gobierno a través de YPF. Desde que se publicaron las resoluciones del Enargas, el ente regulador, con los nuevos esquemas con aumentos de la tarifas de entre 200% y 650%, los privados se dedicaron a proyectar el impacto económico de la medida, que dependerá del entrecruzamiento de una serie de variables. A pesar eso, en los últimos días empezaron a circular en la industria estudios realizados por empresas y consultores que señalan que Metrogas, encargada de la distribución del fluido en Capital Federal y algunas localidades del Conurbano, obtendrá ingresos significativamente más altos que el resto de las compañías. Según Perfil, el valor agregado de distribución (VAD) -tal como se denomina a la facturación después del pago a productores y transportistas- de la firma controlada por YPF (en 2012 adquirió la participación de la británica BG) se duplicará a partir de agosto, cuando finalice la saga de aumentos establecida por el Gobierno. El VAD de Metrogas hasta antes de la recomposición tarifaria rondaba los $ 600 millones por año, repartidos de la siguiente manera: alrededor de $ 400 millones por el cobro de tarifas y $ 200 millones por la percepción del Focede.