Cuando todo el sector eléctrico esperaba con ansias una inminente definición del Gobierno con respecto a una actualización de las tarifas para las distribuidoras de Buenos Aires y de los precios de la energía para el mercado mayorista (MEM), el Ejecutivo volvió a diferir una eventual decisión en esa dirección. Así lo interpretan los empresarios de la industria a partir del silencio de radio que impera en despachos oficiales.
Voceros del Ministerio de Economía, que conduce Axel Kicillof, modificaron su postura la última semana. De evitar responder ante cualquier consulta sobre una eventual recomposición tarifaria para el segmento residencial del área Metropolitana -el congelamiento ya supera los 10 años-, concesionada a Edenor y Edenor, pasaron a informar abiertamente que la poda de subsidios se postergó hasta fines del invierno. “Probablemente no haya novedades hasta agosto”, señaló a El Inversor Online un vocero del Palacio de Hacienda.
La situación de las generadoras es similar. Allegados a Kicillof indicaron a los directivos de las principales empresas del sector -entre las que figuran Pampa Energía, Sadesa (Central Puerto), Endesa (Costanera), AES y Albanesi- que la semana que pasó se presentaría una resolución con los nuevos precios de la energía en el MEM. Se trataría, en rigor, de una actualización de los valores incluidos en la resolución 95/2013 de la Secretaría de Energía, que quedaron muy desfasados después de la brusca devaluación de enero de este año.
Sin embargo, pasó el tiempo y no hubo novedades al respecto. No se trata de una cuestión menor. Como resultado de la depreciación del peso se incrementaron los costos operativos de las generadoras, que en gran medida se expresan en dólares, lo que agudizó el stress financiero de las empresas.
La estrechez de recursos económicos de las generadoras es una constante crónica de la década kirchnerista. Como lo que pagan los usuarios domiciliarios no alcanza para cubrir los costos reales que demanda la producción de energía, Cammesa, la administradora del mercado mayorista, acumuló en los últimos años una deuda sideral con las compañías eléctricas. En marzo de este año, el rojo de Cammesa con las empresas superó los $ 20.000 millones.
Como resultado de ese desbarajuste estructural, la admnistradora del MEM -hoy controlada por directivos que responden al ministro de Economía- abona las facturas de venta de energía emitidas por los generadores con una demora promedio de 70 días, cuando no debería expenderse más de 45. “Es un escenario complejo, aunque hemos sufrido demoras peores, de hasta 120 días”, admitieron allegados a Ageera, la asociación que nuclea a las empresas productoras de electricidad.