A una semana de la resolución 35 emitida por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que fijó precios máximos a los combustibles líquidos que las petroleras deberán aplicar hasta las elecciones, la medida sigue generando confusión en las estaciones de servicio. El principal inconveniente, según revelan en los surtidores, es que la disposición es inaplicable . La norma ordena que las petroleras y estaciones no aumenten sus precios por encima del máximo ofrecido el 9 de abril en cada una de las seis regiones en las que se dividió el país. El problema, señalan, es que la disposición no informa cuáles son esos valores máximos y que es muy difícil de relevar en el mercado. «Es todo un circo. Va a resultar casi imposible una medición oficial de 4.100 estaciones en todo el país y su posterior control. Las estaciones hoy no saben a qué precio atenerse», explicó una fuente sindical del gremio que nuclea a estacioneros. Además las blancas , como se conoce en la jerga a las que no tienen bandera, pueden marcar el precio libremente y siempre es más alto porque compran a terceros», agregó a El Cronista. La norma estipula que las empresas dedicadas «a la destilación, comercialización del petróleo y sus derivados son las que deberán informar para conocimiento de sus clientes el precio más alto». En el Gobierno aseguran que el sondeo de precios ya se efectivizó y que Comercio Interior tiene los números, pero aún no han sido publicados.Según trascendió la Secretaría de Energía está trabajando en alternativas para poder recolectar datos más precisos sobre los valores del 9 de abril. En concreto, se estarían estudiando nuevos esquemas para aligerar la información. En tanto, en las estaciones leen la medida como un paraguas para que YPF, que siempre fue la que tuvo los precios más bajos del mercado, pueda aumentar sus valores sin demasiados costos políticos y así poder afrontar necesidades financieras .
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