Apremiados por la enorme y creciente factura que representan las importaciones energéticas, en un cuadro de divisas escasas, sectores del Gobierno nacional ya trabajan en la implementación de aumentos en la luz y el gas. De acuerdo con Clarín, el ajuste caería sobre barrios habitados por gente de ingresos y consumos medio altos o directamente altos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y del interior. Quedarían afuera los sectores de menores ingresos, pero para quienes sean alcanzados el incremento será grande. El objetivo es achicar la demanda y, de paso, sacudir a un segmento que no vota al oficialismo. La movida contempla continuar con la seguidilla de subas en los combustibles: esta vez, plata pensada en las finanzas de YPF. Desde luego, todo debe pasar por el filtro de Cristina Fernández. Y si logra atravesarlo, equivaldrá al reconocimiento tardío de un problema definitivamente serio, hace tiempo anunciado y gestado durante la era K. Se trataría, justamente, de una de esas decisiones que se toman antes de que choquen los planetas. Sólo entre enero y agosto de este año, las importaciones de gas natural y licuado y de combustibles, para suplir lo que aquí no hay, están en 9.641 millones de dólares, según estimaciones privadas. Duplican a las del mismo período de 2012 y superan al total de 2012. Los subsidios corren al 70% y pueden terminar cerca de los 100.000 millones de pesos. Así de grave es el problema que el titular de YPF, Miguel Galuccio, lo admitió dos veces la semana pasada.