Apremiados por la enorme y creciente factura que representan las importaciones energéticas, en un cuadro de divisas escasas, sectores del Gobierno nacional ya trabajan en la implementación de aumentos en la luz y el gas. De acuerdo con Clarín, el ajuste caería sobre barrios habitados por gente de ingresos y consumos medio altos o directamente altos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y del interior. Quedarían afuera los sectores de menores ingresos, pero para quienes sean alcanzados el incremento será grande. El objetivo es achicar la demanda y, de paso, sacudir a un segmento que no vota al oficialismo. La movida contempla continuar con la seguidilla de subas en los combustibles: esta vez, plata pensada en las finanzas de YPF. Desde luego, todo debe pasar por el filtro de Cristina Fernández. Y si logra atravesarlo, equivaldrá al reconocimiento tardío de un problema definitivamente serio, hace tiempo anunciado y gestado durante la era K. Se trataría, justamente, de una de esas decisiones que se toman antes de que choquen los planetas. Sólo entre enero y agosto de este año, las importaciones de gas natural y licuado y de combustibles, para suplir lo que aquí no hay, están en 9.641 millones de dólares, según estimaciones privadas. Duplican a las del mismo período de 2012 y superan al total de 2012. Los subsidios corren al 70% y pueden terminar cerca de los 100.000 millones de pesos. Así de grave es el problema que el titular de YPF, Miguel Galuccio, lo admitió dos veces la semana pasada.
Advierten que el Gobierno proyecta un ajuste en las tarifas energéticas
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