«Me matan», sentencia Clara, una joven de 33 años y madre soltera de Emma, de 8. Su exabrupto no es inusual en esta Argentina. Es la respuesta de muchos a la misma pregunta que, de a poco, los acerca a 2016. ¿Cómo impactaría una quita masiva de subsidios a la energía y el transporte en su billetera? La mujer de Colegiales, con ingresos de unos $ 16.000 netos de bolsillo por sus trabajos en una universidad y sus changas free lance, no dudó. Hoy su factura de Metrogas es de $ 46 y la de Edenor apenas llega a los $ 100, ambas en el bimestre. Para moverse sólo usa el 152.
Shock o gradualismo es la cuestión en debate entre los economistas de los candidatos presidenciales. Pero la disyuntiva esconde, en realidad, una pregunta más profunda: ¿quién pagará la fiesta de los últimos años? Según un ejercicio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) publicado por La Nación, una medida de shock para eliminar los subsidios provocaría en el corto plazo un aumento de 1,8% de la pobreza
Una política de shock también reduciría en un 3% el ingreso de los sectores medios, duplicaría el peso del costo del gas, la electricidad y el transporte público en el gasto de los hogares con menores ingresos, y sumaría un 4% a la inflación.
Una política de ajuste gradual de los subsidios resultaría en ahorros fiscales más modestos, pero mitigaría las potenciales repercusiones sociales de la suba de tarifas, una decisión indispensable para mejorar la calidad de los servicios públicos y la inversión en infraestructura. Los especialistas de Cippec recomiendan la implementación de una tarifa social sobre la base de los programas de transferencias de la Anses, lo que ofrecería cobertura al 80% de los hogares de menores recursos.
«Es preciso encontrar una alternativa de política orientada a proteger a los sectores más vulnerables, mejorar la eficiencia y equidad de los subsidios, y generar incentivos para la inversión en energía y transporte», afirmó Lucio Castro, director de Desarrollo Económico de Cippec y autor del informe con la colaboración de la economista -también de ese think tank- Magdalena Barafini.