Después del acuerdo viene la negociación del acuerdo. Por unanimidad, el directorio de Repsol anunció anoche que «valora positivamente» la oferta argentina para compensarla por la nacionalización de sus acciones en YPF, pero exigió más garantías antes de firmar la paz definitiva.
Al término de una tensa reunión, que duró cuatro horas, la petrolera española informó su decisión de iniciar en un breve plazo conversaciones entre sus equipos y los del gobierno argentino, «a fin de buscar una solución justa , eficaz y pronta a la controversia». Puso especial énfasis en reclamar que el proceso responda «a los términos y garantías apropiados para asegurar su eficacia».
La comunicación oficial de la empresa -remitida anoche a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)- elude dar precisiones sobre el contenido de la propuesta argentina, pero fuentes cercanas al directorio ratificaron que el gobierno kirchnerista acepta pagar unos 5000 millones de dólares en bonos del Tesoro (serían a 10 años, con un interés cercano al 8%).
La principal inquietud de la empresa se relaciona con los avales de esa deuda. «La oferta que llegó a la mesa es muy general, apenas un par de páginas -dijo a La Nación una fuente al tanto de las discusiones-. Queda mucha letra chica por discutir antes de llegar al contrato definitivo.»
Por eso se decidió mantener la política de «confidencialidad» en la que se escudó anteayer el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, para no blanquear cuánto se dispone a pagar el Gobierno por la polémica expropiación dispuesta en abril de 2012.
Economía admitió que Repsol aceptó negociar en los términos planteados, pero dijo que no está cerrado totalmente el acuerdo porque faltan detalles del pago y las garantías.
Repsol anunció que contratará a un banco de inversión «de prestigio internacional» (sería el Deutsche Bank) para que colabore en las discusiones con la Argentina.
El pacto (Repsol lo llama todo el tiempo «preacuerdo») había sido firmado el lunes en Buenos Aires por autoridades de los gobiernos de la Argentina, España y México, cuya petrolera estatal Pemex es accionista de Repsol y propicia una solución para allanar su entrada al negocio del yacimiento de Vaca Muerta.