Argentina, Brasil, Perú y Colombia debatieron sobre afectaciones mineras

La Mesa Departamental de los Derechos Humanos y Territorios del Cesar, y la organización Pensamiento y Acción Social (PAS), presentaron en Valledupar el proyecto investigativo que señala las vulneraciones de los Derechos Humanos en territorios mineros de Argentina, Brasil, Perú y Colombia.

La postura del país se basó en el corredor minero del Cesar y las comunidades campesinas e indígenas de zonas como El Hatillo, Boquerón y Plan Bonito que se han visto afectadas por los trabajos de excavación a cielo abierto.

Guillermo Pérez, representante ante la Mesa de Derechos y Territorios del Cesar y representante de los campesinos, destacó la importancia de dar a conocer los contextos de las afectaciones de esta práctica que genera afectaciones en derechos como la salud, el cuidado medioambiental y participación ciudadana.

Los daños, aclara Pérez, van más allá del imaginativo de afectaciones de desarrollo o temas económicos, “estamos observando rupturas entre comunidades y territorio, afectaciones en los valores socioculturales y espirituales; daños en las tradiciones, saberes y sitios sagrados de los indígenas”.

Aunque en el 2010 a través de la Sentencia T-660 15 la Corte Constitucional obligó a Drumond y Prodeco a tomar medidas para proteger los derechos humanos que se encuentran amenazados iniciando con un “reasentamiento de las comunidades que se encuentran ubicadas de forma irregular sobre el corredor férreo”, dice el representante campesino, no se está cumpliendo.

Pues sostiene que hasta el momento se están adelantando los acuerdos para conseguir opciones para cumplir la sentencia: “Las empresas mineras no tienen compromisos sociales, su único interés es sacar el mineral y hacer dinero”, acotó.

LOS PONENTES

En la socialización desarrollada en el centro cultural del Banco de la República estuvo presente Diego Pérez, miembro de la organización Pensamiento y Acción Social (PAS) y coordinador del proyecto sobre territorios y derechos humanos.

Explicó que la idea nació en enero del 2018 después de enlazarse con defensores de los países invitados (Perú, Brasil, Argentina) preocupados por las afectaciones de la minería transnacional hacía las comunidades.

Las investigaciones adelantadas en un (1) año y ocho meses concluyeron por ejemplo, que en el Cesar existen violaciones a los derechos de las comunidad y sus territorios; impactos ambientales, quebrantos en la salud y el medio ambiente y, amenazas a líderes sociales que se consideren oponentes del ‘desarrollo’ minero.

Al notar las evidencias, se hizo acompañamiento en el campo jurídico, en la formación social y política, y en la investigación sobre los impactos de la minería.

Otro hallazgo vinculó las negligencias del Estado frente a la protección medioambiental: “Están desentendidos y parecen que dejaran que las empresas impactaran como quisieran en el departamento, entregándoles licencias ambientales de manera fácil; En el Cesar hay daños territoriales irreparables productos del método de excavación”, comentó Diego Pérez.

Afectaciones en el agua potable de los territorios, el desvío de los ríos y los pozos contaminados, también generan problemas.

AFECTACIONES MINERAS

Las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Defensoría del Pueblo regional y nacional se encuentran respaldando esta iniciativa que debate afectaciones mineras en cuatro países: Perú, Brasil, Argentina y Colombia.

Sebastián Pimienta, argentino, viene trabajando hace 30 años y realiza acompañamientos en sectores populares, generando estrategias de vida digna, planteando trabajos hacía los bienes comunes y la defensa del territorio se vuelve fundamental.

Según informó diariodelcesar.com, asegura que las afectaciones mineras en Argentina son similares a las de Colombia, “Luchamos por mejorar la salud y el agua; pero para eso estamos luchando para que los afectados se reconozcan como tal y evidencien los daños individuales y colectivos y que reconozcan hay un ecocidio, un genocidio y un epistemicidio”.