Renovada expectativa en el sector privado
La Secretaría de Minería estaría a cargo de Daniel Meilán, que buscará revitalizar el sector tras la parálisis de los últimos años de la gestión de Mayoral.
Por Nicolás Gandini
La renovación de autoridades en la Secretaría de Minería revitalizó las expectativas entre los empresarios del sector. El consenso acerca del anquilosamiento durante los últimos años de gestión de Jorge Mayoral era prácticamente unánime. Tanto que el diálogo entre el funcionario y los ejecutivos mineros estaba encorsetado y se limitaba a cuestiones muy puntuales. En los últimos tiempos, las desavenencias traspasaron el ámbito privado y los puntos de conflicto se repitieron de manera frecuente.
Los virulentos modos del ex secretario y su empecinamiento por defender a capa y espada un relato de crecimiento que se dio de bruces contra el derrumbe de los precios internacionales de los commodities metalíferos y con el deterioro de la macroeconomía argentina, que esmeriló la confianza de los inversores extranjeros, socavaron su relación con el mundo privado. En lo inmediato, su salida servirá para descomprimir una atmósfera viciada.
Mayoral –que había llegado a la Secretaría de la mano de Eduardo Duhalde y durante el kirchnerismo se alineó de forma genuflexa con el ex ministro de Planificación, Julio De Vido– dejaría el cargo que ocupó durante los últimos 13 años en manos de Daniel Meilán, según la información recabada por El Inversor Energético & Minero. Sin embargo, al cierre de esta edición aún no existía confirmación oficial por parte del Ministerio de Energía y Minería, que dependerá de Juan José Aranguren.
Meilán, que ya condujo la Secretaría de Minería en 1998 en el último tramo del menemismo, sería acompañado por Mario Capello, ex diputado nacional por la UCR; él estaría a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Minero, que funcionará como un vector donde convergerá la relación con empresas productoras, gobernaciones, comunidades y otros actores vinculados a la industria. Y por Santiago Dondo, un joven abogado que durante los últimos años lideró los equipos de la Fundación Pensar, centro de políticas públicas del PRO, encargados de diseñar una propuesta para el sector para el período 2016-2019. El funcionario, que es socio del estudio jurídico Oliva, Dondo y Nicastro y cuenta con un máster en Derecho Minero en Australia, comandará la Subsecretaría de Política Minera, con el objetivo de unificar a nivel nacional algunos aspectos cruciales del andamiaje regulatorio de la industria.
Tres ejes
En líneas generales, el programa minero que buscará implementar el Gobierno de Mauricio Macri se apoya sobre tres ejes principales. El primero apunta a devolver la confianza en el potencial del sector. Es decir, volver a instalar en agenda el amplio abanico de oportunidades que ofrece la minería, un segmento que en la Argentina está subdesarrollado en comparación con otros países de la región, como Chile y Perú.
En segundo lugar, e íntimamente relacionado con el punto anterior, la gestión de Meilán llevará adelante una profunda revisión del esquema impositivo y tributario que pesa sobre las mineras, en especial del marco de retenciones mineras. Aunque el marco regulatorio garantizaba la estabilidad fiscal para el sector, el kirchnerismo estableció en 2007 –mediante una nota de la Secretaría de Comercio Exterior– un programa de derechos a la exportación de productos metalíferos que oscila entre un 5% y un 15%, según se trate de condensados y metal doré.
En línea con su política para el área agropecuaria, el macrismo buscará una liberalización de las fuerzas productivas de la minería. Esa apertura implicará una adecuación del marco tributario nacional a los parámetros regionales, a fin de competir con otros mercados latinoamericanos por la llegada de inversiones.
Criterios comunes
El escenario no es sencillo: el precio del oro apenas supera los u$s 1.000 por onza. Al cierre de esta edición cotizaba a u$s 1.072,10, un 80% más barato que el valor récord registrado en septiembre de 2012, cuando orilló los u$s 1.900.
“De ahí la necesidad de recuperar la institucionalidad del sector, garantizando reglas claras y un esquema impositivo competitivo para tentar a inversores que hoy prefieren otros países de la región con menor carga impositiva”, explicó a este medio un directivo que integrará el próximo gabinete minero.
La tercera pata de la nueva gestión tendrá como foco robustecer el trabajo entre las distintas provincias mineras a fin de unificar criterios regulatorios y políticas. La industria tiene pendiente una discusión seria y transparente en torno a qué rol debe jugar la minería en el desarrollo de las economías regionales. En la actualidad, distritos linderos –como Santa Cruz y Chubut o San Juan y La Rioja– con la misma geología poseen posiciones contrarias en cuanto a la minería. A futuro habrá que generar las condiciones para encontrar un consenso mayoritario sobre este tema. ›|‹
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Si bien la caída de la inversión en exploración es una constante a nivel mundial, en la Argentina la pendiente es mucho más pronunciada. La limitante a girar dividendos al exterior, una de las consecuencias del cepo cambiario, que prohibió el libre ingreso y egreso de dólares en la economía, espantó a empresas junior dedicadas a la inversión a riesgo en la exploración de cateos y prospectos exploratorios.
La inversión en exploración pura –es decir, en áreas no vinculadas a minas productivas, conocidas en la jerga como brownfields– llegará este año con suerte a los u$s 100 millones, apenas una tercera parte de los casi u$s 350 millones desembolsados en 2010, según datos de Gemera, la asociación que nuclea a las compañías exploradoras.