El sector petrolero volvió a mostrar signos de una internacionalización que tuvo históricamente, pero que perdió con la intervención del kirchnerismo. Madalena Energy, una petrolera canadiense con una operación muy pequeña en la Argentina y que cotiza en la bolsa de Toronto, informó en su país a través de un comunicado que las refinerías a las que les vende su producción de crudo le habían avisado que el precio del petróleo se recortaría 30% este mes y en diciembre. Madalena agregó que «otros productores le han confirmado a la compañía que fueron advertidos de manera similar».
El comunicado de la compañía canadiense puso en alerta a todo el sector petrolero. Desde el Norte, llegó el aviso que esperaban desde hace tiempo: la convergencia de los precios locales con los internacionales se acelerará en las próximas semanas (hoy los valores domésticos del petróleo están por encima de su referencia mundial para sostener la actividad en las provincias productoras bajo la forma del denominado «barril criollo»).
Las principales refinadoras del país son YPF, Shell y Axion. La caída en los precios locales del petróleo tendrán dos consecuencias previsibles: por el lado de la inversión, las compañías productoras de crudo, entre las que se destacan YPF, Pan American Energy (PAE), Pluspetrol, Sinopec y Tecpetrol, reducirán los desembolsos para ajustar sus esfuerzos a los proyectos cuya rentabilidad se ajuste a los nuevos valores. El menor nivel de actividad estará atado a una baja en la cantidad de empleados que requieren las empresas, o a un incremento sustancial en la productividad del trabajo, algo que el sector privado, los sindicatos y el Gobierno ya comenzaron a discutir.
Las buenas noticias llegarán del lado del consumidor. Dado que el petróleo representa aproximadamente 80% del costo de producción de los combustibles, una baja en ese insumo le quitaría presión a los precios de los combustibles, que acumulan aumentos retrasados desde diciembre, tras la devaluación del peso.
Es uno de los argumentos que más convencen al Gobierno para aceptar la baja del precio local. De todas maneras, tanto fuentes oficiales como privadas sostuvieron que hay discusiones con respecto a los precios futuros, pero aun no se tomó la decisión final.
Poco después de asumir, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, armó una mesa de discusión que definió una baja del 10% en el precio del barril criollo. Así, el Medanito, propio de Neuquén, pasó de US$ 75 a US$ 67,50, mientras que el Escalante, de Chubut, pasó de US$ 61 a US$ 54,90. Después, en agosto se definió una baja de 2% por mes hasta el 31 de octubre.
Hoy el precio estimado del petróleo Escalante (cuya producción adicional se exporta, un negocio magro en el contexto actual de precios) es de US$ 51 y el del Medanito, US$ 63. Ayer, el Brent cerró a US$ 46,13, de manera que en ambos casos el valor argentino está muy por encima del internacional.
Utilidades golpeadas
Si avanza la voluntad oficial de vincular los precios locales con los internacionales, las refinadoras también estarán agradecidas. Pese a los aumentos en los surtidores que se registraron este año, los balances de YPF, dueña del 55% del mercado, muestran que el precio neto promedio de las naftas en el mercado interno al cabo del tercer trimestre fue de 17,3% menos medido en dólares. Mientras que la caída en el precio del gasoil fue de 19%. Los costos, en cambio, se orientaron al alza. Ambas curvas justifican una parte de los $ 6632 millones en los primeros nueve meses del año antes de una previsión por deterioro de activos. Si se incluye ese ítem, el resultado es aún peor.
Aislados del mundo
Barril criollo
Cuando el crudo comenzó a bajar en el mundo, el ex ministro de Economía Axel Kicillof mantuvo el precio local artificialmente alto para favorecer la actividad en las provincias productoras. Los perjudicados fueron los consumidores, que no pudieron captar la caída internacional.
Continuidad moderada
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, continuó con el llamado barril criollo, pero lo orientó hacia valores más bajos.
Import parity
El Gobierno quiere que los valores locales converjan cuanto antes con los de importación, pero temen por el costo social.