Un funcionario del pasado Gobierno, del círculo de confianza del ex ministro de Planificación Julio De Vido, negó ante la Justicia haber cometido delitos en la importación de gas natural licuado (GNL) y cuestionó un peritaje que forma parte del expediente.
El ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, en la práctica ex viceministro de De Vido, declaró durante más de tres horas en el juzgado de Claudio Bonadio, en el marco de una causa por presuntos sobreprecios en la compra de GNL entre 2008 y 2015.
El ex funcionario presentó un escrito, respondió preguntas y cuestionó un estudio de precios que forma parte del expediente, porque «está mal realizado y compara con parámetros que no corresponden», según reconstruyeron fuentes del caso.
Baratta dijo ante el fiscal Carlos Stornelli -Bonadio no presenció la declaración indagatoria- que el peritaje oficial estaba mal realizado porque, por ejemplo, tomaba «como precio de referencia el valor del gas del gasoducto» que no es igual al del GNL, según indicaron las fuentes.
Mientras declaraba su ex subsecretario, el propio De Vido se acercó a los tribunales federales de Comodoro Py para que se postergue, al menos tres días, su indagatoria en la misma causa -prevista para mañana- bajo el pretexto de que cambió sus abogados la semana pasada y aún no conocen el expediente.
El pedido de De Vido, que ahora tiene como abogados a Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, fue rechazado, por lo que tendrá que presentarse mañana, a las 10, en los tribunales del barrio porteño de Retiro.
Durante su exposición, Baratta también resaltó que en la auditoria realizada por la Auditoría General de la Nación (AGN) del período 2008 a 2010 no hubo ningún llamado de atención sobre el desempeño de su subsecretaría.
Para el juez Bonadio, durante el kirchnerismo se pagaron casi 7 mil millones de dólares en sobreprecios en una operación para comprar casi 500 barcos de GNL para abastecer las plantas radicadas en Bahía Blanca y Escobar.
El magistrado dispuso las indagatorias de los ex funcionarios tras recibir un peritaje contable en el que se estimó el valor promedio de cada barco y se detectó el presunto sobreprecio.
La causa, abierta en 2014, se originó luego de que Dromi dijera en una entrevista periodística haber sido asesor de De Vido en una compra de GNL a Rusia, y cuestionara la operación, lo que dio origen a una denuncia penal.
La realizaron los entonces legisladores y ahora funcionarios macristas Laura Alonso (titular de la Oficina Anticorrupción) y Patricia Bullrich (ministra de Seguridad), y el senador Federico Pinedo, causa que está caratulada «De Vido, Julio y otros, sobre asociación ilícita».
Baratta, el segundo De Vido, negó delitos en la compra de gas licuado
