La Justicia ordenó ayer un estudio sobre las aguas del río Jáchal para investigar la denuncia de contaminación contra la minera Barrick Gold y funcionarios nacionales acusados de no haber controlado debidamente a la compañía.
El juez federal Sebastián Casanello le encomendó «con suma urgencia» al Instituto Nacional del Agua «un estudio de su especialidad en distintos puntos de las aguas del río Jáchal, como también de sus afluentes y confluentes -provincia de San Juan y vecinas-, a fin de constatar si en las mismas se halla la presencia de cianuro».
El derrame fue admitido por la compañía Barrick Gold, que sostuvo que no generó un impacto en la salud de las personas. Lo adjudicó a una falla en una válvula, según publicó La Nación.
Además de cianuro, Casanello le solicitó al Instituto Nacional del Agua que buscara «otras sustancias que podrían ser peligrosas para la salud de las personas y/o el ambiente» y que consignara «si los valores detectados exceden los límites determinados por la normativa como los parámetros utilizados por ese organismo». El Instituto Nacional del Agua es un «organismo científico tecnológico descentralizado» que depende del Ministerio de Planificación. Intervino también en la causa por la contaminación del Riachuelo. El juez además le pidió que el estudio de Jáchal incluyera un análisis de «impacto ambiental» y un informe sobre la variación de los «registros históricos» del río.
El análisis había sido propuesto por Ramiro González, que es el fiscal de esta causa y es titular, además, de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima).
Este expediente se inició formalmente la semana pasada, cuando González presentó su requerimiento de instrucción. En ese documento, apuntó contra los secretarios nacionales de Minería, Jorge Mayoral, y de Ambiente de la Nación, Sergio Lorusso; el secretario de Medio Ambiente de San Juan, Raúl Domingo Tello; el presidente de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé, y las autoridades de la empresa Barrick.