La Cámara de Diputados aprobó con el respaldo del oficialismo y buena parte de la oposición el proyecto del Poder Ejecutivo que exime de impuestos al biodiésel, a raíz de las restricciones de la Unión Europea (UE) al ingreso de ese combustible de producción nacional.
Con 217 votos afirmativos, 4 negativos y 8 abstenciones, la propuesta del Gobierno fue aprobada y girada a la Cámara alta para su sanción definitiva.
La iniciativa estima la eximición del 22 por ciento de la alícuota del biodiésel destinado a la generación eléctrica y de la alícuota del 19% del impuesto a los combustibles líquidos.
El titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda y miembro informante del oficialismo, Roberto Feletti, aseguró que la medida busca «consolidar una matriz energética que tienda a reducir el uso de divisas para el abastecimiento energético».
Consideró que el proyecto forma parte de la política oficial «de mejorar la ecuación de divisas de la energía», según publicó Ámbito.
Los bloques de la Unión Cívica Radical, el PRO, el Frente Renovador, el GEN y el Partido Socialista acompañaron el texto, aunque plantearon algunas disidencias, como que la eximición del impuesto se mantenga hasta el 31 de diciembre de 2015, poco después de que finalice el mandato de la presidenta Cristina Kirchner.
Otro de los artículos que fue cuestionado fue la delegación al Poder Ejecutivo de la facultad de prorrogar la exención impositiva.
Para la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, ese punto es «inconstitucional», porque se trata de «una facultad que pertenece al Poder Legislativo».
En ese artículo, el kirchnerismo incluyó una modificación a la letra original y estableció que el Poder Ejecutivo tendrá facultad para extender la medida hasta 2024.
Según consideró el massista y dirigente petrolero, Alberto Roberti, se trata de «una medida reparadora que la industria va a recibir muy bien».
A su turno, el jefe del bloque macrista, Federico Pinedo, evaluó que el Gobierno «busca frenar el desastre productivo» que se produjo tras «crear una maraña de ilegalidades morenísticas que destruyó la industria del biodiésel».
«Hay que fijar reglas claras y previsibles para que todos los que quieran producir lo hagan en igualdad de condiciones y terminar con este sistema completamente arbitrario e inconstitucional», reclamó Pinedo.