Junto con la Argentina, concentran el 85% de las reservas globales
La nación gobernada por Evo Morales montará una fábrica de baterías de iones que costará u$s 600 millones, mientras que el país trasandino postula la conformación de una alianza público-privada para explotar el recurso.
A través de una mayor participación estatal en el negocio, Bolivia y Chile quieren tomar las riendas de la explotación de sus inmensas reservas de litio. Así lo confirman los últimos anuncios de ambos países en torno al progresivo desarrollo del segmento, que –al igual que en la Argentina– suscita auspiciosas perspectivas en términos de producción, empleo y dividendos.
La iniciativa más concreta y ambiciosa acaba de ser comunicada públicamente por el Gobierno boliviano, que planea aprovechar el insumo extraído en el salar de Uyuni con una inversión de u$s 600 millones para fabricar baterías de iones de litio destinadas a la industria de la telefonía personal.
En palabras del presidente Evo Morales, la idea es dejar de enviar la materia prima al exterior para empezar a agregarle valor in situ. “Es tiempo de ingresar al mercado del litio en mejores condiciones como fabricantes de cloruro de potasio, de baterías y de iones, y como participantes activos de la nueva industria automotriz a nivel mundial”, aseguró el mandatario.
Con una superficie de más de 10.500 kilómetros cuadrados (km2) y situado a más de 3.600 metros de altura, el salar de Uyuni es uno de los mayores reservorios de litio del planeta. Localizado en el sudoeste boliviano, cerca del límite con Chile, dentro del departamento de Potosí, albergaría cerca de 10.000 millones de toneladas (Tn) de sales minerales (el litio recuperable ascendería a un 50% de esa cantidad total).
Además de contar con semejantes volúmenes de materia prima, para acceder a esta nueva etapa de desarrollo sectorial la nación del Altiplano dispone del conocimiento y la experiencia que recabó durante los últimos años en sus modernos laboratorios y plantas piloto de producción.
En la misma senda, Chile apunta a cambiar las reglas de juego del rubro y añadir valor local al recurso mediante una mayor presencia estatal. Tras siete meses de trabajo, una comisión de 20 asesores le entregó un informe a la presidenta Michelle Bachelet. En él, los especialistas postulan revisar las concesiones otorgadas hasta el momento y constituir un nuevo esquema mixto público-privado de explotación.
Según la ministra de Minería, Aurora Williams, las estatales Codelco y Enami se hallan en perfectas condiciones de administrar el negocio. “El litio viene de una salmuera que, a diferencia de otros minerales, no es un cuerpo rígido, lo que implica que su explotación afecta a un salar completo. Es por ello que debería consagrarse el carácter estratégico y no concesible de su producción”, opinó la funcionaria.
Una OPEP del litio
Bolivia y Chile prevén conformar junto con la Argentina una entidad equivalente a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Según el secretario de Minería, Jorge Mayoral, ya hay “un principio de acuerdo” para que así suceda, y sólo resta ultimar detalles en pos de oficializar el nuevo cartel bajo el nombre de Organización de Países Productores de Litio (OPPROLI).
“Hoy la propuesta es bien vista en los tres países. Una vez en marcha, tendremos una misma política en materia de producción, industrialización y comercialización de este mineral para satisfacer la demanda mundial de manera racional e inteligente”, proyectó.
En ese contexto, debe interpretarse el pedido del gerente nacional de Recursos Evaporíticos de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comilbol) y ex ministro de Minería de esa nación, Luis Alberto Echazú, quien en los últimos días resaltó la necesidad de “fijar un precio común”. “Aunque tengamos diferencias en otros ámbitos con Chile y la Argentina, llegó la hora de establecer juntos el valor del litio, en lugar de dejar esa decisión en manos de los consumidores, que están principalmente en Asia y Europa”, aseveró. ›|‹