El gobierno nacional e YPF buscan convencer al gobernador Jorge Sapag de que preste su aval al discutido proyecto de ley que busca ponerle límites al poder de las provincias en el negocio petrolero.
El mandatario mantuvo varios encuentros entre el lunes y ayer con distintos funcionarios, entre ellos el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, donde le presentaron formalmente las líneas básicas del texto que ya habían sido mostradas a las empresas del sector el viernes pasado.
Aunque desde el gobierno provincial reina el hermetismo, voceros del gobernador aseguran que el diálogo «está abierto» y que no existe «espíritu de confrontación». Sin embargo, remarcaron que no se avalará nada que «toque las facultades y las potestades que por ley tiene Neuquén».
En el Ejecutivo aún dura el enojo por no haber sido participados de la reunión del pasado viernes. Creen que los puntos de discusión que se expusieron son difíciles de llevar a una ley sin que se lesionen los derechos adquiridos de las provincias. También lamentan que no se haya tenido en cuenta allí ni uno sólo de los puntos del programa de beneficios fiscales sugerido por los gobernadores.
Del otro lado del mostrador, en tanto, aseguran que se desplegó una intensa campaña para convencer a Sapag de las bondades de la ley. El mandatario sería por estas horas el más «díscolo» de los miembros de la Ofephi. Fuentes de la Casa Rosada aseguran que tanto el chubutense Martín Buzzi, como el mendocino Francisco Paco Pérez terminarán apoyando la norma.
«Se trabaja en un operativo pinza para convencer a Sapag», dijo a «Río Negro» un hombre que participa de la elaboración del proyecto. Indicó que el texto de la ley ya está escrito y que lo que está en debate es la «letra chica» del mismo. Así lo consignó Río Negro.
Consultado sobre los beneficios para las provincias, indicó que se garantizan los contratos firmados y se le pone un porcentaje fijo a los fondos de RSE que llegarán a las provincias, tanto de forma directa como de parte de aportes nacionales.
«El desafío es que las provincias entiendan que este proyecto es positivo para ellas», indicó la fuente.
El proyecto que impulsan Nación e YPF le pone fin a la reserva de áreas y a los contratos de acarreo, una suerte de acta de defunción para las petroleras provinciales como GyP. También deja cómo único mecanismo de captura de renta las regalías.