Mientras continua el debate por la firma del nuevo pacto federal minero que finalmente fue pospuesto al regreso de la gira internacional del presidente Mauricio Macri, el mismo impulsa no sólo la unificación de los estándares sociales y ambientales, sino que las regalías dejarán de ser fijas y su aplicación quedará en manos de las provincias.
Así lo reconoció el secretario de Minería, Daniel Meilán al subrayar que las provincias van a poder cobrar hasta el 3% sobre el importe total de los ingresos brutos devengados «con lo cual dejan de ser fijas y da la posibilidad de que se pueda discutir su aplicación proyecto por proyecto. Lo que lo convierte en una ventaja competitiva para negociar con las empresas, y donde el Gobierno queda afuera».
Este es un tema que termina por convencer especialmente a las provincias que dependen de la actividad minera y aquellas que potencialmente están en etapa de exploración. En esencia la modificación se enfoca en el cálculo del valor en «boca mina» que se regirá por el precio que se vende el mineral, lo que significa en un aumento cercano al 100% en lo que recibirán las provincias.
Para el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Marcelo Álvarez, el nuevo modelo es «regresivo lo que hace que la actividad se encarezca un 5,5 por ciento».
Por lo pronto, el nuevo acuerdo que debería firmarse esta semana fue postergado. «Está sujeto a confirmar las agendas del Presidente y los gobernadores», dijo el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren durante su discurso en Arminera.
Sin embargo es notoria las diferencias que existen entre aquellas que viven de la actividad y las que no. Algunas la firmarán sólo por tener una relación política con el Gobierno. Otras insisten en que es un riesgo desde lo ambiental.
En este último Chubut viene marcando su postura, pero este no será motivo para que no se celebre el nuevo pacto posiblemente en dos semanas así lo confirmó Aranguren a Bae Económico: «las que estén enojadas no la firmarán, nadie obliga a nadie y esto ya ocurrió con el acuerdo energético donde dos provincias no acompañaron y están en su derecho. Lo firmará aquel que considere que es una herramienta para el desarrollo del país». En tanto, el ministro anunció que entre 2016 y 2017 las inversiones en nuevos proyectos y ampliaciones mineras superarán los 1.400 millones de dólares.