La ley 27007, aprobada en 2014, reformó la vieja norma que regulaba el mercado petrolero nacional. Lo hizo tras una extensa discusión política que tuvo como protagonistas a los gobernadores –especialmente al neuquino Jorge Sapag–, a la expresidenta Cristina Kirchner y al ex-CEO de YPF, Miguel Galuccio.
Los espadeos pasaron por temas sensibles para las cuentas locales, como la posibilidad de cobrar un bono o el carry petrolero. Pero nadie puso en discusión dos temas centrales de la norma que cristalizaron el mapa petrolero argentino: las concesiones de 35 años y la posibilidad de extenderlas a perpetuidad
–sin licitación– en bloques de 10 años.
Estas garantías extraordinarias se pusieron para compensar lo que la macroeconomía no les daba a la empresas: posibilidad de girar dividendos o libertad para comprar dólares, entre otras
Hoy, con algunas de esas limitaciones corregidas, las concesiones de la ley 27007 parecen extemporáneas. Sobre todo en momentos donde el gobierno pregona el ingreso de más operadores a Vaca Muerta y el cambio de conducción en YPF propone una mirada más dinámica del portafolio de activos.
La única puerta de entrada al shale neuquino es asociándose a alguna de las operadoras nombradas en esta nota. También GyP tiene algún paquete de bloques marginales que ofrecerá a partir de 2017.
La herramienta que le queda al Estado para traccionar sobre el mercado es la reversión de bloques, en general poco usada y con posibles consecuencias legales. Con este marco, será difícil que haya cambios sustantivos en el mapa petrolero.