Carrió y otro golpe contra el Gobierno denunció a tres funcionarios de Aranguren

Son ex directivos de petroleras. Los acusa de “negociaciones incompatibles con la función pública”.

Ya lo dice ella: es ingobernable. Después de la cena con Macri, del cumpleaños del ARI y la música de mariachis, la diputada Elisa Carrió cortó con tanta dulzura y ayer presentó una denuncia penal contra tres funcionarios del ministerio de Energía que conduce Juan José Aranguren, por supuestas “negociaciones incompatibles con la función pública”. Carrió le apuntó al secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda; al subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik; y al director nacional de Gas Licuado de Petróleo, Luis Barile.
La diputada pidió investigar si el desempeño del trío es compatible con sus trabajos anteriores en Esso, Pan American Energy, Bridas y otras petroleras. Por sorteo, deberá hacerlo el juez Claudio Bonadio.
Aunque suele hablar bien de Aranguren “en lo personal”, Carrió ya había orientado su mira hacia la zona gris de intereses cruzados en Energía, cuyos cuadros superiores se alimentaron de directivos de empresas a las que el Estado debe regular o con las que debe hacer negocios. En junio, había cuestionado al propio ministro porque, dijo, “es accionista” de la petrolera Shell y por eso “no puede lanzar una licitación para comprar gas y adjudicárselo a una empresa donde tiene acciones”. “Eso es conflicto de interés acá y en China”, remató. Según la denuncia de la diputada, Popik y Sureda ocuparon, hasta la asunción en el ministerio cargos jerárquicos en las principales petroleras del país. Sureda fue hasta 2015 vicepresidente de ventas de PAE, la mayor productora de crudo; mientras que Popik trabajó para Repsol YPF y luego ocupó cargos en Exxon y Axion Energy (entre 2012 y 2015). Axion absorbió las antiguas estaciones de servicio Esso. La Dirección de Gas Licuado de Petróleo, dependiente de Energía, es el área encargada de distribuir entre las empresas fraccionadoras, los cupos de gas propano para ser envasados, fijando además las bocas de carga autorizadas para el aprovisionamiento del fluído.
La presentación agrega que “esos ‘permisos’ terminan definiendo la extensión de los ‘beneficios’ de cada empresa, en el marco del mercado de las garrafas sociales”.
Por resoluciones del 7 de junio y el 2 de agosto, los denunciados “habrían beneficiado directa o indirectamente a tres empresas: PAE y Panamerican Sur, eximiéndolas de sus respectivos aportes de fluídos previstos desde 2005, en beneficio de las garrafas sociales que se distribuyen en el mercado a menor valor”. A la empresa Refinol SA, a su vez, le habrían reducido “sustancialmente la carga que tenía impuesta a los mismos fines. En reemplazo de los aportes que las dos primeras debían realizar; los habría cubierto la empresa estatal ENARSA”. Sin embargo, fuentes de PAE informaron que desde abril la firma no participa del mercado de gas licuado de petróleo, y que jamás lo hizo en el sector garrafas.
La denuncia penal de Carrió no fue la primera advertencia que estos funcionarios recibieron respecto a la incompatibilidad de intereses. El 24 de junio, la Oficina Anticorrupción le advirtió a Popik que “se abstenga” de participar en cuestiones relacionadas con Axion Energy, y le indicó que informe a ese organismo sobre “las situaciones específicas que considere pudieren constituir conflictos de intereses, a efectos de su consideración y dictamen”. Respecto a Sureda, la OA pidió copia de su acuerdo de desvinculación de PAE, y como aún debe cobrar cuotas de su indemnización –o sea que es acreedor de la empresa– requirió más aclaraciones. En el organismo aclararon a Clarín que esas actuaciones siguen abiertas y en curso.