La crisis de Industrias Pescarmona (Impsa) que entró en default y que amenaza con dejar en la calle a miles de trabajadores calificados, obligó al Gobierno nacional a comprometerse con una gestión al máximo nivel ante el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que libere al menos un porcentaje de la deuda que mantiene con esta empresa mendocina por 950 millones de dólares. Según LPO, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, se comprometió en Mendoza a hacer las gestiones necesarias para que Maduro pague “al menos” 150 millones de dólares y agregó afirmó que “se analizará” el pedido de Pescarmona para que el Gobierno se haga cargo de parte de los más de 1.000 sueldos que enfrenta la compañía. Las novedades se dieron a conocer tras una amplia reunión en la Casa de Gobierno de Mendoza entre el gobernador Pérez, Tomada y Sofía Pescarmona de Impsa. También participaron de la reunión sindicalistas de la UOM y empresarios metalúrgicos nucleados en Asinmet (Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza), quienes en gran medida dependen de los trabajos que les encarga la firma mendocina. La crisis se desató el lunes pasado, cuando el holding anunció que no podría hacer frente a vencimientos de obligaciones negociables por unos 25 millones de dólares, debido a la imposibilidad de cobrar acreencias por 1.200 millones de dólares por obras en Brasil y Venezuela. La compañía anunció además que de inmediato era necesario despedir entre 200 y 300 empleados de su principal planta, en el carril Rodríguez Peña, Godoy Cruz, Mendoza.