Como duelistas que se hallan a 10.000 kilómetros de distancia, el gobierno de Cristina Kirchner y la conducción de Repsol dejaron en evidencia ayer que el clima para alcanzar un acuerdo por la expropiación de la petrolera está más helado que nunca.
Las acusaciones volaron ida y vuelta por el Atlántico. En la madrugada argentina, la asamblea de YPF decidió promover acciones civiles contra el presidente de Repsol, Antonio Brufau, por supuestos «pagos en exceso» de los honorarios del directorio antes de la nacionalización.
Brufau respondió horas después en la junta anual de accionistas de su empresa: advirtió que responderá con demandas por difamación si ejecutan esa amenaza. «Es una agresión extemporánea e interesada, con ánimo de desenfocar los problemas que tienen allí», enfatizó Brufau aquí, delante de 1500 inversores. Así lo publicó La Nación.
YPF acusa a Brufau por un supuesto pago de sobresueldos entre 2009 y 2011, basado en una auditoría interna que determinó que se habrían distribuido honorarios a los directores mayores a los aprobados por la asamblea. Sugieren que lo demandarán por $ 128 millones. Repsol respondió que se cumplieron todas las normas y que los sueldos habían sido avalados por todos los miembros del directorio, incluido el delegado por el Estado Nacional (y estrecho colaborador del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido), Roberto Baratta.
La denuncia que llegó desde Buenos Aires acaparó la atención en el centro de convenciones madrileño donde estaba citada la junta anual de Repsol. Allí, Brufau buscaba mostrar que consiguió enderezar el rumbo de Repsol después del tsunami argentino del año pasado.
El ejecutivo catalán respondió desde el estrado. Quiso avisarle al gobierno de Cristina Kirchner que no le resultará fácil quitarlo de en medio para negociar una salida al conflicto por la expropiación. Es más: dijo con todas las letras que ve lejos la posibilidad de un acuerdo.
Enfatizó que está dispuesto a negociar pero sólo para hablar de «un precio justo» por las acciones con las que se quedó el Estado. «No queremos recuperar YPF, sino que nos paguen por lo que era nuestro», dijo.
El Gobierno ve en Brufau un obstáculo para lograr un acuerdo e intentó conspirar con los accionistas de la petrolera para forzar su salida. Una de esas gestiones fue con el presidente de Caixabank, Isidre Fainé, al que le propusieron un plan de pagos que incluía participaciones en una nueva firma controlada por YPF para explotar Vaca Muerta. Debía renunciar a los litigios internacionales que hoy traban la negociación con potenciales inversores en YPF.
Brufau ayer pareció aludir a esa oferta: «Si alguna vez se llega a un acuerdo, algo que hoy está en el horizonte a un largo plazo, los primeros en saberlo van a ser ustedes», dijo a los accionistas. Y añadió que en eso cuenta con «el apoyo irrestricto» del gobierno de España.