YPF definió ayer no reactivar 33 equipos torre (perforación, pulling y workover) que mantenía en stand by en la cuenca Neuquina desde febrero en el marco de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) firmado con los sindicatos petroleros y las cámaras que agrupan a las empresas productoras y de servicios (Ceph y Ceope). En la práctica, eso implicará que cerca de 1700 trabajadores contratos como compañías de servicios –entre las que figura H&P, San Antonio, DLS, Nabors y Quintana, entre otros- pierdan su puesto de trabajo en los próximos días.
Con un petróleo en torno a los 50 dólares a nivel internacional y sin certezas claras en torno a cuál será la política petrolera que aplicará el Gobierno durante 2017, la petrolera estatizada decidió avanzar en la adecuación de sus niveles de actividad en la cuenca para garantizar la sustentabilidad de su actividad. En números, el mantenimiento de 33 equipos en stand by –es decir, en reserva, sin utilización efectiva- la costó a la empresa cerca de US$ 100 millones durante todo 2016. No hay margen para seguir adelante con una erogación de esa envergadura durante el año que viene.
La petrolera reestatizada definió también la salida de Sergio Affronti, que hasta ayer estuvo a cargo de la poderosa Vicepresidencia de Servicios Compartidos, que manejó el vínculo con las empresas de servicios petroleros.
Frente a ese escenario, el líder del Sindicato de Petróleo y Gas Privados de la Cuenca Neuquina, Guillermo Pereyra, declaró hoy a la prensa neuquina que el gremio presentará mañana un plan de medidas de fuerza para resistir la medida de la petrolera, el mayor jugador de la industria. “No vamos a permitir despidos. “Es una responsabilidad del Estado porque esto no está ocurriendo en otras grandes como Pan American Energy (PAE) o la francesa Total”, acusó en diálogo con la radio LU5.
El sindicalista quedó inmerso en un delicado escenario de múltiples variables de compleja resolución. Por un lado, sabe que YPF está obligada a recortar Capex porque no puede continuar con el ritmo de inversión de años anteriores como resultado de la caída del precio interno del petróleo y del elevado nivel de endeudamiento de la empresa. Eso implicará, en los hechos, una baja de la actividad de la mayor petrolera de la cuenca y por consiguiente, en una reducción del personal contratado. En ese punto, la meta de Pereyra es encontrar instrumentos para morigerar el impacto social de la medida.
En esa clave, el gremialista –que a su vez es senador nacional por Neuquén por el MPN y preside la Comisión de Energía de la cámara alta- la semana pasada le solicitó al presidente Mauricio Macri un subsidio para 1000 trabajadores por $ 20.000 mensuales. Según confiaron a El Inversor Online fuentes vinculadas a esa negociación, el Ejecutivo accedería a ese pedido. En los hechos, Pereyra pretende lograr un paliativo para que dos tercios de los trabajadores que se estima serán despedidos tengan un subsidio durante el año 2017, de cara a ganar tiempo hasta 2018, que es cuando realmente se aspira a que se reactive la actividad en Neuquén. Al mismo tiempo, aspira a que YPF vuelva sobre sus pasos y reincorpore a cerca de 500 trabajadores que planea cesantear.
Por otro lado, Pereyra está terminando de definir los detalles de la adenda al Convenio Colectivo de Trabajo que se aplicará para el desarrollo de yacimientos no convencionales en Neuquén. El propio Macri está al frente de ese acuerdo, que considera vital para traccionar inversiones para Vaca Muerta. De hecho, el presidente quiere anunciar la firma del nuevo convenio laboral el 13 de diciembre durante el tradicional almuerzo por el Día del Petróleo. El Gobierno aprovechará ese evento para presentar también un acuerdo federal apuntalado por provincias petroleras que incluirá anunciar relacionados a un nuevo programa de estímulo para el desarrollo de gas y certezas en torno al precio doméstico del precio del crudo.
En ese aspecto, Pereyra considera que la decisión de YPF de anunciar la baja definitiva de 33 equipos de negociación le da margen interno con sus propias bases y también con el Gobierno para exigir una mejora en las condiciones en que se firmará la adenda al convenio laboral para proyectos no convencionales.
“Pereyra sabe perfectamente que no tiene sentido firmar un nuevo convenio colectivo si a la semana YPF va a anunciar una baja de la actividad. Es lógico, estaría dilapidando capital político. Prefiere, en cambio, que YPF y el resto de las petroleras realicen el ajuste ahora para luego tener margen de firmar un acuerdo que permitirá a mediano plazo una mejora de la actividad”, explicó un empresario petrolero que lo conoce bien.
Habrá que ver si el Gobierno se mueve con la suficiente prestancia para contener el conflicto antes del 13 de diciembre. Se espera que mañana o a más tardar el lunes el Ministerio de Trabajo, que dirige Jorge Triaca, dicte la conciliación obligatoria por el despido de 1700 trabajadores en Neuquén. Frente a ese escenario, el Ejecutivo tiene apenas dos semanas para lograr encauzar la negociación y llegar al Día del Petróleo con el terreno allanado para anunciar los detalles del acuerdo federal con el que plantea reactivar la inversión petrolera a futuro. A priori, parece complicado.
Lo cierto es que el ajuste de YPF probablemente le abrirá la puerta a una reducción de personal en otras compañías de servicios ligadas al sector de equipos torre. Tal es el caso, por ejemplo, de San Antonio Internacional (SAI), que tiene previstos recortar alrededor de 700 puestos de trabajo en la Cuenca del Golfo San Jorge, en la provincia de Chubut -una de las cuencas más golpeada por la baja del precio internacional del crudo-, y también de DLS, que podría recortar su plantel en 550 trabajadores por la baja de la actividad.