Aunque la gestión del Ministerio de Energía estuvo abocada los últimos días al armado de la audiencia pública donde se presentaron los aumentos de las tarifas eléctricas para Buenos Aires y el Conurbano en 2017, el Gobierno está enfocado también en el operativo de contingencia para lidiar con la agudización de los cortes en el suministro eléctrico prevista para diciembre. Desde hace aproximadamente un mes representantes de la cartera que dirige Juan José Aranguren conformaron una mesa común con pares del Ministerio de Seguridad y de la Jefatura de Gabinete para definir el abanico de respuestas del Ejecutivo frente al recrudecimiento de la crisis del servicio eléctrico que –tal como sucede los últimos años- se intensificará en los meses de calor. En un principio, cada dependencia tenía intenciones de diseñar su propio plan de acción pero finalmente se optó por una coordinación en conjunto.
La estrategia del Ejecutivo tiene dos grandes patas: la energética y la relativa al área de seguridad, según indicaron fuentes cercanas a Presidencia. En el primer caso, se apunta a contar con la mayor cantidad de centrales de generación disponibles para cubrir los picos de consumo que se registran entre diciembre y febrero. En ese sentido, el Ministerio de Energía sigue de cerca un plan de mantenimiento en plantas por 4000 megawatt (Mw) de potencia eléctrica, equivalentes a un 15% del parque de generación total, que deberá estar concluido en diciembre.
Se espera que la demanda supere los 26.000 Mw. El record histórico es de 25.380 Mw, registrado en febrero de este año. En ese caso, habrá que operar con toda la generación disponible. “La idea es bajar al máximo la indisponibilidad de máquinas termoeléctricas (producen energía con gas, gasoil y fuel oil) por problemas técnicos. Por eso, se programaron mantenimientos en equipos por 4000 Mw que estarán listos a fines de noviembre”, explicó el presidente de una de las principales generadoras, entre las que figuran Pampa Energía, Sadesa (Central Puerto), Enel, AES y Albanesi.
El Ejecutivo incluso intervino para facilitar la importación de repuestos e insumos que estaban demorados en la Aduana, a fin de viabilizar la reparación de algunas centrales, como por ejemplo Costanera, la mayor planta termoeléctrica del país operada por Enel, que enfrenta una situación técnica delicada por un deterioro estructural de sus instalaciones. También está prevista la utilización de Unidades de Gestión Móvil (UGM), los equipos a gasoil que el Ejecutivo instalar en aquellos puntos de la red que se saturan cuando crece la demanda.
El objetivo de arranque del Gobierno es evitar cortes programados como los que se vio forzado a implementar durante dos días en febrero de este año. En la mesa tripartita con representantes de Jefatura de Gabinete y Seguridad, los técnicos de Energía aseguraron que no es necesario instalar de antemano la idea de que habrá restricciones programadas como las que se aplicaron en 1988 por serios problemas en el área de generación. “Según ellos, si no se producen fallas severas, existe suficiente respaldo de generación para cubrir la demanda”, confiaron fuentes cercanas a la ministra Patricia Bullrich.
Este año, los cortes programados se produjeron por inconvenientes puntuales como la caída de líneas de media tensión en 132 kV y una oleada de camalotes que afectó los sistemas de refrigeración de Central Puerto y Costanera, los dos mayores pulmones eléctricos de la región metropolitana.
En el área de Seguridad, la coordinación corre por cuenta de Daniel Russo, subsecretario de Protección Civil, que está a cargo de diseñar los planes de contingencia –junto con Osvaldo Rolando, su par de Generación y Distribución Eléctrica- para evitar desmanes en barrios afectados por falta de electricidad. “Sabemos que hay localidades, en especial en el Conurbano, donde es muy importante que reforcemos la seguridad si se extienden los cortes de luz. Estamos trabajando en un mapa de las zonas más conflictivas”, señalaron allegados a Bullrich.
Lo que está claro que es que al accionar del Gobierno se concentra en el segmento de generación y en materia de seguridad. En el área de distribución eléctrica –el eslabón más precario del sector eléctrico- no hay mucho por hacer. “Las compañías han aumentado su inversión, pero es imposible resolver el nivel de deterioro de las redes en un año”, coincidieron la mayoría de las distribuidoras consultadas. En promedio, un usuario residencial de Buenos Aires sufre restricciones por 36 horas en el año, seis veces más que en Chile. Por eso, si el calor se sostiene durante varios días –la clave es que la temperatura baje por debajo de los 20 grados para que los cables se enfríen-, las fallas en el sistema se repetirán.
La apuesta del Ejecutivo es sumar algunos proyectos de generación –al menos por 300 Mw- que fueron licitados este año por Energía. Y echar mano al mayor volumen de energía importada disponible para cubrir los picos de consumo. Para esos días, la intención es traer hasta 1500 Mw desde Brasil, 500 Mw de Uruguay y 200 Mw desde Chile.
Aranguren solicita
A contramano de lo que seguramente quería el ministro a principios de 2016, la gestión de Aranguren al frente de Energía estuvo, durante el segundo semestre, prácticamente monopolizada por la cuestión tarifaria. Para muestra basta un botón: la última semana colaboradores directos del ministro se comunicaron con las principales petroleras –YPF, Pan American Energy (PAE) y Shell, entre otras- para pedirles que evitaran hacer declaraciones sobre el aumento del precio de los combustibles que está previsto para noviembre. El mensaje de los enviados del ministro es que la discusión por los precios en surtidores y también por el precio del gas –cuestiones centrales para que las petroleras cierren sus números de inversión para 2017- se retomarán una vez que la audiencia pública por las tarifas eléctricas salga de agenda.