Cuando Cameron le pedía a De Vido recomponer el precio del gas para evitar la caída de las reservas

En febrero de 2004, el secretario de Energía le pedía al ministro de Planificación incrementar los valores del fluido en boca de pozo para incentivar la inversión en exploración y reposición de reservas.

Dos años después de la pesificación de los contratos de venta de gas natural de enero de 2002, que congeló el precio que reciben los productores de fluido, Daniel Cameron, secretario de Energía de la Nación, preocupado por el efecto negativo del desfasaje de los valores domésticos con relación a los importes internacionales del hidrocarburo, le envío a su jefe, el ministro de Planificación, Julio De Vido, una copia del Expediente N° S01:0189417/2003 con el objetivo de “normalizar los precios del gas natural en el mercado interno” y “asegurar las condiciones económicas razonables para promover y asegurar el abastecimiento interno de gas natural”.

La foja 582 del documento –al que tuvo acceso El Inversor Energético & Minero– incluye un pedido para regularizar los precios del gas en boca pozo y señala que la pesificación de los contratos –incluida en la Ley de Emergencia Económica aprobada en 2002– generó tres problemas fundamentales: el conflicto entre los productores, distribuidores y consumidores del fluido por el precio de los contratos; el impacto directo sobre las inversiones de exploración y producción de gas, debido a que “los valores pesificados no permiten recuperar los costos de inversión para explorar, explotar y mantener la producción de gas”; y el “consecuente aumento del consumo y riesgo de problemas de abastecimiento”. “Los bajos precios del gas (que promueven una sustitución por precio) y el genuino incremento de la demanda debido al aumento de la actividad económica han provocado un aumento de la demanda mayor al 13%”, advertía Cameron al titular de Planificación.

Unas líneas más abajo, ya en la foja 583, el funcionario dejaba en claro que “los actuales precios internos abonados por las distribuidoras de gas (en rigor, desde 2004, fecha de emisión del expediente, hasta la actualidad, el precio del gas para residenciales prácticamente se mantuvo invariante) son manifiestamente insuficientes para cubrir las inversiones necesarias para la movilización y reposición de reservas”. Y agregaba que “no se puede sostener en el tiempo que los precios que percibe el productor no permitan el repago de desembolsos imprescindibles para la actividad”, por lo que “se entiende que corresponde proponer una forma gradual y paulatina para alcanzar la normalización en el nivel de los precios del gas”.

Pedidos infructuosos

En función de esa situación, Cameron –que integra las filas del kirchnerismo desde finales de los 80– le afirmaba a De Vido que “era crítico comenzar a dar señales de precios para garantizar la oferta de gas natural” y le advertía que “no avanzar en un esquema de normalización nos pondría en un desarrollo del sector con alta inestabilidad y conflictos permanentes en cuanto al cumplimiento de la demanda”.

Está claro, a la luz de los hechos, que los pedidos de Cameron nunca lograron la venia de su jefe directo ni de la primera plana de los gobiernos kirchneristas encabezados por Néstor y Cristina Kirchner. La Argentina perdió el autoabastecimiento energético en 2011, cuando la balanza comercial del sector arrojó un rojo cercano a los u$s 4.000 millones que se explicó, en gran medida, por la importación de gas desde Bolivia y en formato líquido (LNG) por barco. Este año se repite la tendencia: en los primeros siete meses de 2012 la compra de gas en el exterior le costó al país más de u$s 2.800 millones, es decir, el equivalente a casi un 40% del superávit comercial registrado en ese período.

En la actualidad, el precio del gas que reciben los productores –que surge de promediar el valor de venta a residenciales, industriales, GNC, comercios, usinas eléctricas y grandes usuarios– ronda los u$s 2,50 por millón de BTU, una cuarta parte de lo que cuesta traerlo desde Bolivia (u$s 10,50). Sin embargo, una de las constantes del Gobierno fue su negativa a retocar el precio del gas en boca de pozo para incentivar la exploración y reposición de reservas.

Los números dan cuenta de esa situación: los depósitos probados del fluido cayeron a la mitad en la última década y la producción acumula una baja del 13% desde 2005.

El descenso era anticipado por los técnicos de la Secretaría de Energía en febrero de 2004. Un memorándum firmado por Cristian Folgar, entonces subsecretario de Combustibles, y redactado por los asesores Charles Massano y Marcelo Nachón, afirmaba (en el folio 404) que “se ha observado una importante declinación en el flujo de inversiones asociadas a la exploración y desarrollo de reservas de gas” y cuantificaban la retracción “en el orden del 60% de la inversión”.

Los técnicos sugerían que “las inversiones (en exploración) no se realizan con el inevitable problema del abastecimiento en el tiempo”, con lo cual “habrá que satisfacer la demanda vía comercio exterior con el consecuente uso de divisas y sin resolver la pérdida del nivel de actividad y la recaudación de impuestos”. Para concluir, advertían que “la experiencia internacional aporta información respecto de los inconvenientes de abastecimiento que están llamados a producirse en el mediano y, a veces, en el corto plazo, cuando el precio que recibe el productor de gas no permite cubrir las inversiones en reposición y movilización de reservas”.