El ministro de Energía, Juan José Aranguren, recibirá hoy por la tarde a las principales petroleras del país con un objetivo bien concreto: congelar el precio de los combustibles en lo que queda del año. En horario a confirmar (la reunión está prevista para las 16 pero puede dilatarse hasta las 18), el funcionario recibirá a altos ejecutivos de YPF, la mayor productora de hidrocarburos del mercado; Pan American Energy (PAE), la segunda en ese ranking; y Shell, en representación de las compañías no integradas (sin producción de crudo). Ninguna de las empresas intervinientes confirmó la convocatoria, pero una fuente gubernamental de primer nivel ratificó el encuentro.
En la práctica, la decisión de evitar una nueva remarcación en surtidores va a contramano de lo acordado verbalmente con las petroleras en enero, cuando se fijó un cronograma según el cual restan dos subas en surtidores, una prevista para agosto del 5% y la otra similar para noviembre.
Por distintos motivos, el Gobierno no está dispuesto a avalar esos incrementos. En lo político, la crisis desatada por el freno judicial de los nuevos cuadros tarifarios del gas y la electricidad no deja margen para aplicar una nueva suba en la antesala de la resolución de la Corte Suprema. Sería tensionar innecesariamente la agenda a días de una decisión clave. Desde lo económico, en tanto, un ala del Ejecutivo empezó a promover durante las últimas semanas una convergencia del precio interno del crudo, que hoy promedia los 60 dólares, con el internacional que continúa por debajo de los 50 (el Brent cerró ayer a US$ 46,02). Esa vertiente está enfocada en mejorar los niveles de competitividad de la economía argentina. En esa dirección, apuntan a alinear el precio de la energía y los combustibles con los indicadores internacionales. Palabras más, palabras menos, eso fue lo que le transmitió esta semana Gustavo Lopetegui, vicejefe de Gabinete, a un importante empresario petrolero. Por otro lado, pero convergentemente con esa lectura, economistas liberales del riñón de Cambiemos como el presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, y del Banco Nación, Carlos Melconian, defienden la misma idea. Su argumento es el siguiente: fijar artificialmente un precio de US$ 67,50 para el crudo Medanito y de US$ 54,90 para el Escalante representó un costo político para el Gobierno porque tuvo que autorizar una suba del 32% (desagregada en cuatro remarcaciones) en lo que va del año. Sin embargo, pese a que los automovilistas pagan más caros los combustibles, la inversión en los yacimientos decreció. Hoy están activos 83 equipos de perforación en todo el país contra los 122 de junio pasado. La posición de los productores es otra. “Es verdad, la cantidad de equipos de torre en operación descendió, pero si no se hubiera tomado la decisión de establecer un precio diferencial para crudo local la actividad se habría derrumbado”, explicaron a El Inversor Online desde una petrolera.
Con ese mar de fondo, Aranguren recibirá a las tres principales petroleras del país. PAE y fundamentalmente YPF le plantearán la necesidad de garantizar cierta rentabilidad para el segmento del upstream (exploración y producción de crudo), para lo cual buscarán evitar que el Gobierno reduzca de forma abrupta del precio interno del petróleo. La posición de Shell, al igual que la de otras refinadoras, es la inversa. Ante la imposibilidad de aumentar el precio de los naftas y gasoil en la misma envergadura que la devaluación (desde diciembre pasado, el dólar se apreció un 55% contra el 32% de los combustibles), los refinadores reclaman una baja del precio del crudo que le pagan a los productores para mantener los márgenes del negocio de refino sobre la línea de flotación.
Lo que se discutirá hoy es cómo encontrar un punto de equilibrio que satisfaga a ambas partes. Sobre la mesa, los privados plantearán diferentes alternativas para amortiguar la decisión de Aranguren, que –en línea con la de Lopetegui- parece volcarse a empezar a reducir desde septiembre el precio interno del petróleo. En rigor, eso ya sucede porque hay refinadoras que pagan hasta US$ 59,50 el crudo Medanito (contra los 67,50 acordados con el Gobierno). Lo que está en cabeza del Ejecutivo es acelerar esa curva decreciente.
Entre los puntos que acercarán como moneda de cambio los productores figuran una baja temporal de la carga impositiva que pesa sobre los combustibles (el marco regulatorio autoriza al Ejecutivo a reducir por decreto hasta un 7% de la alícuota de varios tributos), aunque esa opción no cuenta con el beneplácito de Hacienda, preocupado por impacto fiscal que generan los subsidios adicionales que está generando la crisis tarifaria; así como también paliativos coyunturales como la reducción del precio de los biocombustibles que deben comprar los refinadores para cortar las naftas y gasoil que venden en surtidores.
“En realidad, lo que se precisa es ampliar una mesa más amplia en la que se discuta la readecuación de la industria petrolera local en base a los precios internacionales del crudo. Ojala el Gobierno entienda eso porque se precisa de soluciones de fondo que sólo son viables si participan todos los actores de la cadena”, analizó un encumbrado directivo del sector.
Los gobernadores petroleros siguen con preocupación los acontecimientos. Por dos razones: primero, porque si baja el precio interno del petróleo medido en dólares también caerá su ingreso por regalías (representan entre un 12 y un 18% del valor de venta del crudo). Segundo, porque una reducción del barril criollo replicará indefectiblemente en una menor inversión en sus yacimientos y por lo tanto, es una ralentización de las economías petroleras, ya afectadas por la crisis internacional del petróleo.