Al cumplirse el primer año de gestión estatal, la petrolera evidencia a cifras de febrero -las últimas disponibles en la Secretaría de Energía- un incremento del 4 por ciento en su participación en el mercado de combustibles local y de un 7 por ciento en la producción. El 16 de abril de 2012, la presidente Cristina Fernández anunció la decisión de recuperar el control estatal sobre YPF al entender que la Argentina iba en camino a convertirse en «un país inviable», debido a las prácticas empresariales de «vaciamiento» y de falta de inversión registradas en la empresa. Con estas palabras la mandataria anunció la decisión de enviar al Congreso un proyecto de ley de «Recuperación de la soberanía hidrocarburífera», que contemplaba la expropiación de parte del Estado del 51 por ciento de las acciones de YPF. También, a través de un decreto, Cristina dispuso la intervención de YPF. Según Télam, la presidente dejó claro, entonces, que el modelo para YPF «no es de estatización», sino de «recuperación de soberanía», y señaló que la empresa seguiría funcionando «como una sociedad anónima», aunque tendrá a partir de ahora «una conducción profesionalizada» y una administración correcta. El 2 de mayo, la Cámara de Diputados convirtió en ley la expropiación de YPF por 208 votos a favor, 32 en contra y cinco abstenciones, iniciativa oficial que también contó con el apoyo de bloques opositores. Dos días después, Cristina designó al ingeniero en petróleo Miguel Galuccio como el nuevo CEO de YPF, a quien presentó como «un símbolo» de los profesionales que vuelven al país.
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