Julio De Vido , el ex ministro de Planificación del kirchnerismo, quedó al borde de un nuevo pedido de desafuero y de ser indagado por el juez federal Luis Rodríguez por desviar $ 264 millones destinados a obras nunca realizadas en el yacimiento carbonífero de Río Turbio hacia la regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional y a su fundación.
Además, el ex subsecretario de Coordinación Roberto Baratta, que era el segundo de De Vido, quedó al borde de ser detenido junto el ex secretario de Minería Jorge Mayoral y otras 24 personas -entre ellas, ex funcionarios de menor jerarquía-, a los que el fiscal Carlos Stornelli pidió encarcelar por este fraude.
Es que la Cámara Federal pulverizó el fallo mediante el cual el juez Rodríguez había denegado el pedido del fiscal Carlos Stornelli para desaforar y detener al diputado De Vido. Justamente ese dictamen había motivado una sesión especial de la Cámara de Diputados que evaluó la idoneidad de De Vido para ser legislador. El Gobierno no consiguió los votos para expulsarlo, pero dejó en evidencia a quienes defendían al ex ministro.
Ayer, en una durísima resolución firmada por los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, con la disidencia de Eduardo Farah, dijeron que la decisión de rechazar la indagatoria de De Vido es arbitraria.
El juez Irurzun fue el más claro: el estado en que está el yacimiento Río Turbio habla por sí mismo de la falta de obras que eran “desdobladas” y “tercerizadas para sortear controles”, y que aparecen documentadas y pagadas por el Estado a través del ministerio de De Vido.
Es decir que no hay nada más que investigar: basta comparar lo que se pagó con lo que no se hizo. La Cámara ratificó que a futuro es necesario trabajar sobre la ruta del dinero, como propuso Rodríguez, pero consideró que, por ahora, basta con lo expuesto por el fiscal en su dictamen. Es suficiente con lo que está a la vista de todos.
Además, le indicó el juez Rodríguez que debe embargar a los acusados para asegurarse de recuperar el perjuicio provocado al Estado, de más de 260 millones de pesos.
El juez Irurzun avanzó además en establecer nuevas pautas para meter presos a los funcionarios acusados de corrupción. E inauguró una jurisprudencia más restrictiva, que debería preocupar a los ex funcionarios que enfrentan causas y gozan de la libertad. Dijo Irurzun que en estos casos complejos, con un daño considerable y la reiteración de los mismos acusados, hay particularidades que deben contemplarse.
Dijo que no sólo se debe analizar si hay arraigo del acusado para decidir si existe riesgo de fuga o de entorpecimiento. Se debe considerar un “escenario formado por conductas que involucrarían serias irregularidades en el manejo de los fondos públicos por parte de funcionarios de distintas áreas del Estado y que, se presume, han tenido un desarrollo temporal extenso, lo que implica, a su vez, que se ha contado con las complicidades necesarias para garantizar su sostenido éxito”.
Estableció nuevas pautas para decidir la libertad: la complejidad de las maniobras, su magnitud, las concretas posibilidades de fuga y de entorpecimiento derivados de los frentes judiciales abiertos en diversos expedientes, las relaciones personales, laborales o políticas de los acusados mediante las cuales mantienen posibilidad de influir en las investigaciones, ya sea ocultando o alterando documentos o restringiendo la información que la Justicia les pide a los organismos públicos. Por eso la Cámara le pidió al juez que analice detener e indagar a todos los acusados, incluidos De Vido, Baratta y Mayoral.
Al rechazar las eximiciones de prisión de Baratta, Irurzun fue muy preciso acerca de las razones por las que debería a su juicio ser detenido: el caso involucra sumas millonarias que no se sabe dónde están y la actividad de los acusados sólo es posible con una complicidad funcional extendida en el tiempo. Por lo que las posibilidades de entorpecimiento del caso incluyen su capacidad de influencia.
Junto a Irurzun votó su colega Leopoldo Bruglia, para quien en el fallo de Rodríguez, que niega las indagatorias de los acusados, “hay un concreto ejercicio arbitrario” de su actividad como juez.
El tercer camarista, Eduardo Farah, que llegó a los tribunales de Comodoro Py con el mismo respaldo que Rodríguez (el de Jaime Stiusso cuando era hombre fuerte de la inteligencia), votó en disidencia y no acompañó a sus colegas.
Stornelli había dado por probado que De Vido y Baratta fueron responsables de un fraude contra el Estado de al menos 264 millones de pesos. Pero el monto de la estafa podría ser mucho mayor: entre 2005 y 2015 salieron de las arcas públicas 26.000 millones de pesos destinados al complejo Río Turbio (un proyecto de una central eléctrica, una mina de carbón y el tren Eva Perón). El tren no funciona y la mina, que debía reactivarse y alimentar la central, produjo en 2015 lo mismo que en 1951: 48.000 toneladas anuales. Según lo proyectado en 2010, debía estar produciendo ya 2.000.000.
La UTN tuvo un rol clave. Yacimientos Carboníferos Río Turbio y una fundación de la universidad firmaron 453 convenios y 90 adendas. La sospecha es que trianguló con ese andamiaje legal para no hacer licitaciones públicas y posibilitar, así, un desvío. Los convenios con la UTN y su fundación eran una pantalla para hacerse de comisiones.
Fuente: La Nación