Denuncian que el Gobierno no cumple el pacto por las tarifas eléctricas

Hace poco menos de un año el gobierno nacional puso en marcha el Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas, por el que empresas y cooperativas congelaban los valores al 31 de diciembre de 2013 y, a cambio, recibían fondos para realizar obras de distribución. A las 204 cooperativas eléctricas de Córdoba -que atienden el 35% del mercado provincial- les prometieron $ 100 millones: les giraron el 10% y no hay respuestas a sus reclamos.

Por el incumplimiento, las cooperativas -al igual que la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC)- no adhirieron este año al plan y arrancaron con una suba promedio de 30% en las tarifas, en tanto que la compañía estatal subirá 29%. A EPEC de los $ 160 millones que debían llegarle por el acuerdo sólo le mandaron $ 15 millones.

Raúl Hoya, tesorero de la federación que reúne a las cooperativas cordobesas (Fecescor), dijo a La Nación que pese a los reclamos para que los desembolsos nacionales se completen, «no hay respuestas». Los $ 10 millones llegaron a fines de septiembre y desde entonces no hubo más noticias.

Para el directivo el plan de convergencia, «no es una salida que solucione los problemas de las cooperativas; puede que esté diseñado para las grandes empresas, pero no para las más chicas. El año pasado adherimos porque Córdoba lo hizo y no quedaba otra». Advirtió que el proceso terminó generando un «agravamiento financiero» para muchas cooperativas que, para concluir las obras previstas, afrontaron los pagos «de su bolsillo, gastaron a cuenta y la plata no llega».

Desde el gobierno nacional le explicaron a Fecescor que el giro de $ 10 millones obedece a que la EPEC mantiene una deuda con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). La lógica sería que las cooperativas -que le compran energía a la empresa- también queden «castigadas». Hoya enfatizó que, a la firma del acuerdo, «nunca» se les advirtió sobre este aspecto. La Secretaría de Energía de la Nación y Cammesa le reclaman a EPEC $ 2000 millones, de los cuales $ 1150 millones corresponden a una resolución de la Secretaría que exigió a la compañía afrontar un alza del precio de la energía como distribuidora; la provincia judicializó el tema por supuesta discriminación y arbitrariedad en el monto que pretendía cobrar Cammesa. Otros $ 800 millones son por compra de energía no pagada. EPEC, a su vez, exige $ 2000 millones por diferentes ítems, entre los que figuran supuestos sobrecostos y sanciones y por una diferencia en el precio de la energía que Córdoba cree debe aplicarse a la central Pilar.