Hace poco menos de un año el gobierno nacional puso en marcha el Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas, por el que empresas y cooperativas congelaban los valores al 31 de diciembre de 2013 y, a cambio, recibían fondos para realizar obras de distribución. A las 204 cooperativas eléctricas de Córdoba -que atienden el 35% del mercado provincial- les prometieron $ 100 millones: les giraron el 10% y no hay respuestas a sus reclamos.
Por el incumplimiento, las cooperativas -al igual que la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC)- no adhirieron este año al plan y arrancaron con una suba promedio de 30% en las tarifas, en tanto que la compañía estatal subirá 29%. A EPEC de los $ 160 millones que debían llegarle por el acuerdo sólo le mandaron $ 15 millones.
Raúl Hoya, tesorero de la federación que reúne a las cooperativas cordobesas (Fecescor), dijo a La Nación que pese a los reclamos para que los desembolsos nacionales se completen, «no hay respuestas». Los $ 10 millones llegaron a fines de septiembre y desde entonces no hubo más noticias.
Para el directivo el plan de convergencia, «no es una salida que solucione los problemas de las cooperativas; puede que esté diseñado para las grandes empresas, pero no para las más chicas. El año pasado adherimos porque Córdoba lo hizo y no quedaba otra». Advirtió que el proceso terminó generando un «agravamiento financiero» para muchas cooperativas que, para concluir las obras previstas, afrontaron los pagos «de su bolsillo, gastaron a cuenta y la plata no llega».
Desde el gobierno nacional le explicaron a Fecescor que el giro de $ 10 millones obedece a que la EPEC mantiene una deuda con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). La lógica sería que las cooperativas -que le compran energía a la empresa- también queden «castigadas». Hoya enfatizó que, a la firma del acuerdo, «nunca» se les advirtió sobre este aspecto. La Secretaría de Energía de la Nación y Cammesa le reclaman a EPEC $ 2000 millones, de los cuales $ 1150 millones corresponden a una resolución de la Secretaría que exigió a la compañía afrontar un alza del precio de la energía como distribuidora; la provincia judicializó el tema por supuesta discriminación y arbitrariedad en el monto que pretendía cobrar Cammesa. Otros $ 800 millones son por compra de energía no pagada. EPEC, a su vez, exige $ 2000 millones por diferentes ítems, entre los que figuran supuestos sobrecostos y sanciones y por una diferencia en el precio de la energía que Córdoba cree debe aplicarse a la central Pilar.