No se flexibilizará el uso de químicos en la actividad
La gobernación remarcó que el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, que acaba de ser presentado en una audiencia pública, no contempla modificaciones en la restrictiva Ley 7.722.
El anuncio de un nuevo Plan Provincial de Ordenamiento Territorial (PPOT) en Mendoza despertó tanta expectativa entre los inversores mineros como inquietud entre los movimientos contrarios a la actividad. El revuelo estaba relacionado con la hipotética posibilidad de que se introdujeran cambios en la Ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias químicas como el cianuro, el mercurio o el ácido sulfúrico, entre otras, para la extracción de recursos minerales dentro de la provincia cuyana.
Frente al rumor de que la nueva legislación, que fue recientemente presentada en una audiencia pública no vinculante que se llevó a cabo en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael de Mendoza, flexibilizaría la citada restricción, Guillermo Elizalde, ministro mendocino de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, fue terminante. “Tal como le garanticé personalmente a representantes de la Asamblea Popular del Agua, no habrá ningún párrafo que haga algún tipo de referencia a modificar la Ley 7.722”, expresó el funcionario.
Según sus palabras, en lugar de ello el PPOT pone el foco en el avance de la urbanización. “El crecimiento de lo urbano por sobre lo rural, con la ocupación de muchas tierras productivas para la construcción de viviendas, representa hoy uno de los mayores desafíos que debe sortear nuestra provincia. En ese sentido, esta iniciativa no tiene un espíritu punitivo. Para tratar esta problemática, apuntamos a la instrumentación de políticas públicas activas”, explicó.
El PPOT, indicó, postula una planificación a largo plazo, pero también plantea la toma de medidas en lo inmediato. “Es preciso zonificar para evitar el avance indiscriminado de la urbanización. Nos interesa que haya inversión privada, pero no que se avance sobre las tierras productivas. Obviamente, no se trata de una propuesta que tenga unanimidad, pero sí cuenta con mucho consenso y estamos abiertos a debatirla y perfeccionarla”, completó.
Pérdidas millonarias
Un informe elaborado a fines del año pasado por la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEN) estimó que la provincia gobernada por Francisco “Paco” Pérez deja de ganar unos u$s 1.215 millones anuales debido a la prohibición que pesa sobre la minería uranífera y metalífera a gran escala. La cifra representa casi un 25% del Producto Geográfico Bruto (PGB) total de Mendoza, que oscila en torno a los u$s 5.000 millones.
De acuerdo con el estudio, con el aporte del sector minero durante el próximo lustro las arcas provinciales podrían recibir u$s 232 millones tan sólo en concepto de impuestos directos e indirectos. Adicionalmente, el segmento estaría en condiciones de obtener una rentabilidad del orden de un 15%, con una carga impositiva superior al 50%.
Desde 2007, año en que entró en vigencia la Ley 7.722, la Autoridad Ambiental Minera de Mendoza emitió dos declaraciones de impacto ambiental para proyectos mineros metalíferos: la de San Jorge (que fue archivada por la Legislatura) y la de Huemul (que sigue a la espera de su ratificación legislativa desde fines de 2009).
Las empresas que conforman la CAMEN ya realizaron un planteo judicial de inconstitucionalidad de la normativa, pedido que está en manos de la Corte Suprema. Según los cálculos de la entidad, la reglamentación que impide el uso de compuestos químicos para la extracción de metales mantiene en suspenso inversiones que se sitúan entre los u$s 5.000 y los u$s 6.000 millones. ›|‹