Lo resaltó un estudio especializado que mencionó el protagonismo que tiene el sector en las exportaciones en el país, así como la influencia en la economía de las zonas en las que se inserta: se trata de regiones alejadas de los grandes centros urbanos y con importante dispersión poblacional que logran un desarrollo y perspectivas de futuro.
Un estudio especializado destacó el rol clave que le otorgan las empresas mineras en la Argentina a la inversión social y al desarrollo de las comunidades en las que se insertan, además del protagonismo como sexto sector exportador, con 3.800 millones de dólares de exportaciones en 2018 y tributos por 30.000 millones de pesos durante ese año en concepto de IVA, Ganancias, Derechos de exportación, regalías, seguridad social, y otros impuestos.
El estudio, realizado para la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), y publicado hace pocos días en el diario Clarín, resalta los aportes de las mineras que “se ven además reflejados en las comunidades de las zonas” en las que se insertan, ya que “la actividad suele desarrollarse en lugares alejados de los grandes centros urbanos, constituyéndose en una de las principales fuentes de recursos al erario público y a las economías locales”.
Al igual que en Santa Cruz, en el caso de Chubut, la Meseta Central, alejada de las ciudades más pobladas y con importante dispersión de sus comunidades, es la zona más rica en minerales, y donde se emplaza el Proyecto Navidad, el yacimiento de plata más grande del mundo aún sin explotar, cuyo titular es Pan American Silver, y que aguarda por decisiones políticas y legislativas para su habilitación, con una inversión inicial de unos 1.000 millones de dólares ya prevista.
Proveedores y empleo
El informe difundido por Clarín mencionó como “fundamental” el hecho de que “el aporte de la actividad minera al desarrollo se analice multidimensionalmente, teniendo en cuenta su influencia en la microeconomía y su articulación con el entramado productivo”.
“Cuando se habla de inversiones mineras, se debe hacer referencia a que se trata de ingresos que, en un gran porcentaje, llegan en forma directa a las comunidades. Las compras y contrataciones se efectúan, mayormente, con proveedores locales, generando aportes para las Pymes regionales, sus trabajadores y sus familias”, indica.
Además, sostiene que “en cuanto a las contrataciones directas de personal, se trata de un beneficio en materia de capacitación, realizada por las empresas con el fin de potenciar las oportunidades de empleabilidad de la mano de obra local”.
En relación con el trabajo de las firmas en el territorio, el informe especifica que “desde las primeras etapas de un proyecto, incluso antes de la construcción de sus primeras instalaciones, las empresas constituyen el centro de una red de contratistas y proveedores locales de bienes y servicios que movilizan toda una cadena de valor. Este entramado establece la articulación del propio sector, a la vez que se constituye en el núcleo sobre el cual se van desarrollando los establecimientos mineros”.
Según lo explicado por Marcelo Álvarez, presidente de la CAEM, “entre el 75% y el 80% de las compras de bienes y servicios por parte de las mineras son realizadas en el mercado doméstico, a proveedores enmarcados mayormente en el segmento Pyme. El sector ha realizado, en los últimos años, un trabajo articulado con las firmas locales y con el Estado para potenciar el compre local”.
En este sentido, fruto de este trabajo coordinado, se ha logrado la sustitución de algunos insumos importados. “Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de las bolas de molienda, un insumo vital para las mineras que hasta hace unos años solía adquirirse en el exterior”.
Trabajo provincial
Además el informe destaca que “la industria minera cumple un rol fundamental en el desarrollo económico de varias provincias que han sabido aprovechar sus recursos. Puede tomarse como ejemplo su importancia en la provincia de San Juan, donde impulsa el 78% de las exportaciones provinciales, genera casi 10.000 puestos de trabajo directo y moviliza el desarrollo local”.
También en Santa Cruz, donde la explotación de minas y canteras presenta el 37% del PBG provincial y la minería crea más de 20.000 fuentes de trabajo.
“La minería en el país ha lanzado su compromiso de ser una actividad productiva socialmente sustentable. Lograrlo requiere una planificación tripartita entre las empresas, el sector público y los ciudadanos, avanzando sobre directrices definidas en conjunto, con miras a mejorar la calidad de vida actual, pero fundamentalmente, con el objetivo de crear las condiciones para que las futuras generaciones puedan desarrollarse”, agrega.
“Las empresas mineras en el país piensan hoy en términos de inversión social y, cada vez más, se involucran más activamente en la planificación del uso de los fondos que aportan al Estado nacional y los Estados provinciales. Se trata de garantizar que dichos aportes generen el impacto previsto, pero, fundamentalmente, que se constituyan en la expresión de un compromiso corporativo que requiere de una visión de futuro y de una voluntad de consenso”, añade.
“Toda la variedad de acciones de inversión social tienen en común la necesidad de diálogo y generación de lazos de confianza entre todos los actores (comunidad, Estado y empresas mineras). En este trípode, cada una de las partes tiene su rol en la construcción de un desarrollo sostenido y sustentable. Este es el desafío que el sector minero ha comenzado a abordar con resultados positivos”, concluye.
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