Pese a que el presidente Mauricio Macri señaló el miércoles pasado, en su discurso por la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, que “el acuerdo por Vaca Muerta traccionará inversiones millonarias” para Neuquén, y luego de que destacara las virtudes de esa iniciativa en su gira por España con empresarios ibéricos y representantes del mundo de los negocios, el convenio de trabajo que pone el foco en la mejora de la productividad en yacimientos no convencionales aún no está vigente.
Sucede que el sindicalista Manuel Arévalo, secretario del gremio de petroleros jerárquicos de Neuquén, se niega a ratificar el documento en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Su firma es indispensable para que la cartera que dirige Jorge Triaca homologue formalmente el convenio.
A raíz de eso, Triaca envió la semana pasada una cédula de notificación a Arévalo para exhortarlo a rubricar el documento. El gremialista debía concurrir a la sede porteña de Trabajo para cumplir con esa obligación, pero eso no ocurrió.
El gremialista está fuera de Neuquén y no firmará el convenio hasta que no se destraben una serie de exigencias adicionales requeridas en enero –vinculadas fundamentalmente al financiamiento de la obra social para trabajadores petroleros- de las que el Gobierno aún no dio respuesta.
Eso quiere decir que, en los hechos, el nuevo convenio colectivo de trabajo para conseguir inversiones para Vaca Muerta todavía no puede aplicarse y está virtualmente suspendido. Con todo, en la Casa Rosada aspiran a resolver el conflicto en no más de 10 días.
Macri espera que el acuerdo permita una fuerte reducción de los costos operativos en los campos no convencionales de Neuquén, a fin de destrabar la ecuación económica de los proyectos de shale gas y shale oil.
En el Gobierno se ilusionan con conseguir en 2018 inversiones por US$ 7000 millones para la explotación no convencional de gas. La implementación del nuevo convenio es condición fundamental para que ese deseo se convierta en realidad.
Guillermo Pereyra, líder del sindicato de trabajadores petroleros de base de la cuenca Neuquina y el sindicalista de mayor peso de la industria petrolera, sí rubricó el acuerdo. Su margen de acción era más reducido: Pereyra –que a su vez preside la Comisión de Energía de la cámara alta como senador nacional por el Movimiento Popular Neuquino (MPN)- integró la comitiva oficial que acompañó a Macri a España para entrevistarse con los reyes y con la primera plana del gobierno de Mariano Rajoy. Hubiese sido un desaire internacional que no ratificara el acuerdo.
Macri dio a conocer la firma del acuerdo de productividad para Vaca Muerta –un convenio que aspira a replicar en otros sectores productivos- en un acto en la Casa Rosada el 10 de enero. Pereyra rubricó el documento el 30 de ese mes, 20 días después del anuncio inicial. Casi dos meses después, aún no fue homologado por Jorge Triaca.
El descontento de los sindicalistas está ligado el presunto incumplimiento del Ejecutivo de una serie de promesas formuladas en enero en el marco de la mesa de negociación que destrabó la redacción del nuevo convenio colectivo de trabajo para Vaca Muerta. En concreto, Arévalo demandó que el Ejecutivo –o la propia YPF, la petrolera bajo control estatal – inyecte una partida adicional de fondos en la obra social del gremio petrolero para ofrecer cobertura a los trabajadores despedidos por la caída de la actividad hidrocarburífera en la cuenca Neuquina. Son millones de pesos que el Gobierno se habría comprometido a transferir pero que aún no envió. Tampoco cayó bien entre los gremialistas la demora de Trabajo para aplicar los subsidios de hasta $ 20.000 a los casi 1700 operarios despedidos en Neuquén por contratistas de YPF. La aplicación de bonos RePro debía estar efectivizada para fines de febrero, pero eso tampoco ocurrió.