Estaba todo dado para que del encuentro surgieran acuerdos trascendentales. Mauricio Macri había convocado a Eduardo Elsztain y a Carlos Miguens, dos de los mayores empresarios del país y gestores de la reunión cumbre; al titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Marcelo Álvarez; a los gremios; a las provincias; a funcionarios de Medio Ambiente; al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y al de Trabajo, Jorge Triaca.
El Gobierno buscará darle una nueva forma a la protección legislativa de los glaciares, de manera que arbitre entre el cuidado ambiental y el desarrollo de actividades económicas en la zona de la Cordillera de los Andes que, según los empresarios, hoy están prácticamente vedadas .
Macri mismo les encomendó a los técnicos del Gobierno presentes en el encuentro que se pusieran a trabajar en el tema, confirmaron fuentes que participaron de la reunión. El objetivo del Presidente es que en febrero del año próximo esté listo el proyecto de ley para modificar el texto vigente.
La iniciativa oficial está en línea con los últimos proyectos que encaró la Casa Rosada, todos polémicos, como la reforma impositiva o la laboral, pero que al mismo tiempo buscan allanar el camino para el crecimiento de la economía y la generación de empleo. Es un punto que ayer volvió a señalar el Presidente.
En la decisión de Macri sobre los glaciares pesaron varios motivos. Por ejemplo, los empresarios le plantearon que había unos US$ 18.000 millones en inversiones potenciales en minería frenadas por la incertidumbre que genera la ley. A los argumentos de Elsztain (el dueño de shoppings y oficinas participa en el sector a través de Austral Gold), Miguens (el ex propietario de Cervecería Quilmes tiene Patagonia Gold), Álvarez y otros empresarios, como Fernando Giannoni, director ejecutivo de Barrick, que estuvieron en el encuentro, se sumaron las dudas respecto de la norma vigente que tienen los propios funcionarios. No sólo el secretario de Minería, Daniel Meilán, sino también Aranguren, cuyos técnicos ya habían advertido que la actual ley de glaciares podría impedir en el futuro la instalación de nuevos proyectos hidroeléctricos.
Había representantes de las gobernaciones de Jujuy, Mendoza, Catamarca, Santa Cruz, Río Negro y San Juan. Esta última sostuvo que la obra para la construcción del túnel Agua Negra, principal componente del corredor bioceánico que conectará el centro de la Argentina con el puerto de Coquimbo, en Chile, podría resultar afectada por la ley de glaciares. Fue un modo de aportar su visto bueno a la cruzada presidencial.
En la reunión también estuvieron el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez, y Héctor Laplace, jefe de los trabajadores mineros reunidos en AOMA. Según los mineros, la actual ley es confusa y no permite tener certidumbres básicas para la inversión.
Desde hace tiempo desde el sector minero (tanto los empresarios como el gremio) rechazan la norma porque consideran que limita fuertemente el desarrollo de la actividad. Desde ese punto de vista, el aventón de Macri a una nueva iniciativa legislativa los sorprendió favorablemente.
En 2008, una ley de la diputada Marta Maffei que tenía como objetivo proteger los glaciares chocó con el veto posterior de la presidenta Cristina Kirchner. Pero los legisladores volvieron a la carga. En 2010 se presentaron dos propuestas distintas de Miguel Bonasso y del senador oficialista Daniel Filmus. Se reglamentó en 2011, pero nunca se hizo el Inventario Nacional de Glaciares que preveía la ley, un paso necesario para su puesta efectiva en marcha.
Fuente: La Nación