El Gobierno chino manifestó su disposición a trabajar con las autoridades argentinas para resolver el caso de las obras en las dos represas hidroeléctricas en el río Santa Cruz, paralizadas por la Justicia por cuestiones medioambientales. La Corte Suprema de Justicia ordenó ayer suspender la construcción de ambas represas, en la provincia de Santa Cruz, hasta que se realice un estudio sobre el impacto ambiental. Los proyectos están financiados por China, según los acuerdos firmados por la entonces presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner durante su viaje a Beijing en enero de 2015. No obstante, el gobierno del presidente Mauricio Macri implementó cambios en el proyecto, y de los 1.760 MW (Megavatios) que se iban a generar originalmente, se pasarán a 1.290 MW de potencia. Asimismo, se reducirá la cantidad de turbinas de cada represa: la Néstor Kirchner pasará de 11 turbinas a 8 turbinas, y la represa Jorge Cepernic se reducirá de cinco a tres. El acuerdo millonario de las represas es de unos 4.700 millones de dólares, que con intereses, comisiones y seguros asciende a 6.000 millones de dólares. »Estamos dispuestos a trabajar con la parte argentina para seguir adelante con estos proyectos de desarrollo», afirmó hoy el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Hua Chunying, en declaraciones que difundió la agencia de noticias EFE. Hua insistió en que la Argentina «es un socio importante» de China, y que la cooperación bilateral «debe ser mutuamente beneficiosa y respetuosa de las leyes y normas» de ambas partes. »Creemos que las dos partes deben abordar estas dificultades sobre la base de la igualdad y la amistad», recalcó la portavoz.
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