Una decena de empresarios petroleros debieron tragar saliva y morderse la lengua antes de responder a la propuesta del ministro de Economía, Axel Kicillof, y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Muy preocupados por la presión que la devaluación les puso a los precios de los combustibles, los funcionarios sugirieron ajustar el precio del dólar para la compraventa de crudo en el mercado interno: quieren que el sector tome como referencia para la venta de petróleo un dólar de $ 6,8, equivalente a la cotización del 21 de enero. Y que las refinadoras de combustibles retrotraigan los precios de las naftas y el gasoil a esa fecha.
Los petroleros, acostumbrados a pensar en la moneda norteamericana sus decisiones, no estaban preparados para escuchar la propuesta. Guardaron silencio y prometieron volver con nuevas ideas. No les hizo más fácil digerir el trago la propuesta oficial de mantener el nuevo tipo de cambio vigente por dos meses, y la promesa de que autorizarían aumentos para fijar un nuevo sendero más adelante, según consignó La Nación.
Por la mañana y a primera hora de la tarde ambos funcionarios recibieron a los barones del crudo en el Ministerio de Economía, según confirmaron fuentes privadas y oficiales. Por el lado de las productoras asistieron representantes de YPF, Pan American Energy, Pluspetrol, Tecpetrol, Chevron, Petrobras y Total, entre otras. Son las principales encargadas de extraer el crudo del subsuelo (la variedad Medanito cuesta hoy US$ 83, un 12% más que al momento de la estatización de YPF) y vendérselo a las refinerías, como YPF, Shell, Esso y Petrobras. De acuerdo con Shell, que anteayer aumentó un 12% sus precios, el valor del crudo representa hasta un 80% de sus costos y se paga en dólares, por lo que le resulta imposible esquivar la devaluación. Según sus cálculos, el aumento debería haber sido de 23% si la intención era recuperar el terreno cedido al incremento de costos. El resto de las refinadoras está de acuerdo, aunque no lo dice públicamente.
Por la tarde desfilaron los ejecutivos de las refinadoras YPF, Axion (opera la marca Esso), Petrobras y Oil. No invitaron a Shell. Su presidente, Juan José Aranguren, fue acusado por el Gobierno de promover la suba de la cotización del dólar. Y anteayer Capitanich sostuvo que tuvo una «actitud conspirativa» por el aumento de precios que aplicó la compañía.
Los representantes de las refinerías no terminaron de entender el mensaje. En medio de los reclamos del Gobierno, algunos les recordaron a los funcionarios que la mitad del precio de los combustibles corresponde a impuestos que van al Estado. Al igual que en el encuentro que se realizó más temprano, se comprometieron a pensar alternativas para evitar que la devaluación impacte de lleno en los precios.
En ambos encuentros, Capitanich y Kicillof sostuvieron sus posiciones en un clima de diálogo. Si bien la intención de retrotraer los precios en los surtidores les recordó a los petroleros los tiempos de Guillermo Moreno -en varias ocasiones congeló los valores de las naftas y el gasoil-, algunos de los asistentes reconocen que el trato fue muy distinto. No es la única diferencia en las formas. Si bien Kicillof puede establecer por su propia cuenta los precios a los que se venden los productos derivados del petróleo por el llamado decreto de soberanía energética, dijo que no quiere hacerlo de esa manera. Su mayor objetivo es firmar un acuerdo, como hizo con los supermercadistas y los siderúrgicos. Los petroleros, en cambio, no quieren hacerlo, pero prometieron estudiarlo.