El Gobierno pidió a Buzzi reducir la carga tributaria sobre la explotación de uranio

Por pedido de la Casa Rosada, el gobernador retiró los reservorios de uranio del alcance del proyecto regulatorio para la minería que promueve en la Legislatura.

La Argentina importa el uranio que consumen sus dos centrales activas –Atucha II entrará en pleno funcionamiento a mediados de 2013–, una operación que le cuesta alrededor de u$s 100 millones por año. Es un número que le duele a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que intenta desde hace años reactivar la explotación del mineral en territorio nacional, sin resultados positivos por la oposición de organismos ambientales que impugnaron en la Justicia la reapertura de la producción.

Frente a ese contexto, el Gobierno intervino ante el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, que está impulsando –todavía sin éxito– un proyecto de ley para crear un nuevo marco regulatorio del sector minero, a fin de que modifique el texto de la norma y deje fuera de su alcance la extracción de uranio. Es que el texto redactado por la administración de Buzzi establece una importante carga impositiva sobre la actividad minera –prevé un incremento de regalías y la cesión de un porcentaje de las ganancias a Petrominera, la minera provincial–, costos que la Casa Rosada pretende evitar cuando la CNEA ponga en explotación a Cerro Solo, el mayor depósito uranífero del país (contaría con reservas por más de 12.000 toneladas del recurso).

La idea del Gobierno consiste en cerrar un acuerdo normativo de carácter específico con Chubut, con una carga tributaria menor. “La CNEA está decidida a impulsar la apertura del proyecto, sobre todo por lo compleja que está resultando la reactivación de Sierra Pintada (una mina uranífera en Mendoza)”, explicó un funcionario nacional que se expresó en off the record.

La decisión del gobernador de Chubut de impulsar una ley que permita la explotación minera –limitada por la Ley 5001, que prohíbe la actividad en buena parte de la provincia– responde a su importante potencial metalífero, en especial en la región del Macizo del Deseado, un gran reservorio de plata. El plan, sin embargo, no está resultando tal como fue previsto. En octubre, el Poder Ejecutivo debió suspender el tratamiento del proyecto en la Legislatura por la oposición tanto de la industria minera como de ambientalistas. A fines de noviembre intentó retomar la iniciativa –previa modificación del articulado de la medida–, pero de nuevo chocó con grupos que se oponen con reclamos ambientales.

Aun así, desde la gobernación son optimistas. “Es un trabajo sin prisa, pero sin pausa. Si no sale ahora (el proyecto de ley), será para las primeras sesiones del año que viene”, expresó Javier Touriñan, ministro de Gobierno de Chubut.

Cambios

La administración de Buzzi introdujo una serie de cambios en la redacción de la norma para facilitar el apoyo de privados y ambientalistas. El más significativo establece que la participación de Petrominera –la minera estatal– en los emprendimientos de producción de metales realizados por inversores privados será “optativa” y no obligatoria, como fijaba el proyecto anterior, que establecía que Petrominera se quedaría, al menos, con un 4% de las ventas brutas una vez que las minas entren en operación.

También se redujo el nivel de las regalías mineras. El articulado original establecía, entre sus puntos más polémicos, el alza de las regalías del 3% previsto en el Código de Minería al 8%. En rigor, preveía la creación de un Derecho de Compensación Minera que representaría un 5% de la facturación de las empresas mineras. La nueva norma, en cambio, fija el porcentaje de regalías en el 5 por ciento.