No ha tenido demasiada suerte últimamente en la Justicia norteamericana en la causa por la deuda en default. Pero la Argentina no pierde las esperanzas en el juicio que le inició en abril pasado en Nueva York el estudio legal Burford Capital, que adquirió los derechos del Grupo Petersen, y reclama un resarcimiento estimado en US$ 3500 millones, por la participación que el holding empresario argentino tenía en YPF.
Según trascendió ayer, los abogados del país le pidieron al juez de Nueva York Thomas Griesa -el mismo que condenó a la Argentina a pagarles a los fondos buitre-, que desestime la demanda en contra de la Argentina y que además compense a YPF por los gastos del juicio, según publicó La Nación.
Según argumentó en los documentos que presentó ante la Justicia en los últimos días, la demanda no es válida en cuanto a que se basa exclusivamente en los estatutos de YPF, que establecen que si un inversor hace una oferta por la mayoría del paquete accionario de la compañía (como hizo el Gobierno cuanto estatizó el 51% en poder de Repsol), también debe hacer una oferta al resto de los tenedores (en este caso, el Grupo Petersen). Para los abogados del estudio Akerman, que representan a la Argentina, esto no se aplica en el caso del Estado que ejerce su derecho soberano de expropiar la empresa, sino sólo de inversores privados.
Al mismo tiempo, afirman los representantes del país, el hecho de que Burford haya comprado exclusivamente los derechos del Grupo Petersen para iniciar un reclamo legal viola la doctrina Champerty vigente en la legislación de Nueva York, que busca evitar que un inversor compre un juicio con el compromiso de, en caso de éxito, pagarle en parte al demandante original.
Según trascendió, Burford adquirió el reclamo del Grupo Petersen por 15 millones de euros y con la promesa de pagarle un 30% de lo que reciba en caso de éxito.
Ya la semana pasada habían trascendido documentos presentados ante la corte de Nueva York en los que los abogados de la Argentina anticipaban su reclamo. Lo mismo de parte de YPF, la otra demandada en este caso.