A raíz de la falta de desembolsos privados
Creará un nuevo fondo para solventar la ampliación del parque termoeléctrico. Se lanzarán obras por más de $ 10.000 millones para instalar 1.500 Mw de potencia.
La multiplicación de los cortes de abastecimiento eléctrico en varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano puso de manifiesto una novedad alarmante: la interrupción del suministro ya no es una potestad exclusiva del verano. También se registran severas fallas en la red durante el invierno cuando se activan los equipos de calefaccionamiento en los hogares. En la región del AMBA hubo hasta 330.000 usuarios con cortes de luz en un día.
La precariedad del sistema puso otra vez bajo la lupa a las distribuidoras eléctricas, pero también enciende una luz de alarma en el sector de generación. Es que si bien las fallas obedecen, fundamentalmente, a la saturación del mallado de distribución, durante los días de frío la capacidad de generación ociosa fue prácticamente inexistente. Se generó con todos los equipos disponibles que permiten producir cerca de 24.000 Mw de energía. De hecho, en junio se registró en el conurbano bonaerense un nuevo récord de demanda superior a los 9.300 megawatts (Mw) de potencia eléctrica.
Frente a ese escenario, el Gobierno está apurando la creación de un nuevo subsidio para financiar la ampliación del parque termoeléctrico. En concreto, el Ejecutivo busca construir una nueva central de ciclo combinado de 800 Mw, cerrar algunos ciclos abiertos y fomentar la instalación de parques eólicos por hasta 500 Mw. Se busca, en total, incrementar la capacidad del sistema en alrededor de 1.500 Mw.
Como ya es una costumbre del kirchnerismo, la financiación de los proyectos correrá por cuenta del Tesoro. Descartada, una vez más, la posibilidad de actualizar las tarifas residenciales de Edenor y Edesur, y de esa manera recomponer el ingreso de las generadoras, el Gobierno creará un nuevo esquema de financiamiento con fondos públicos para solventar inversiones eléctricas. Se prevé impulsar obras por más de $ 10.000 millones. Así lo aseguraron a El Inversor Energético & Minero fuentes privadas al tanto de la iniciativa oficial.
En rigor, la iniciativa que están negociando autoridades nacionales con el sector privado –liderado por Pampa Energía, Sadesa (Grupo Miguens-Bemberg), Endesa (Enel) y AES, entre otros– consiste en establecer un nuevo sistema remuneratorio de la energía que generen las empresas, de manera tal que un porcentaje de esa cifra se destine a un fondo fideicomiso encargado de financiar obras de ampliación del parque eléctrico. Será, en los hechos, una remake similar al Foninvemem que se utilizó para solventar la construcción de las usinas San Martín y Belgrano, en Timbúes y Campana respectivamente.
Detalles
El Gobierno quiere que la construcción del nuevo ciclo combinado corra por cuenta, desde el punto de vista procesal y técnico, de las empresas privadas. El financiamiento se estructurará bajo la figura de adelantos de acreencias futuras que percibirán las compañías. Es decir, el Gobierno costeará la inversión de la obra con dinero del Tesoro que se presentará como un adelanto del Estado a los privados en concepto de ingresos futuros que tendrán por la venta de energía.
“La idea del Gobierno es que el Estado converse el 70% del paquete accionario de una central de 800 Mw. En tanto que el 30% restante estará en manos de los privados”, comentó un alto ejecutivo del sector. La construcción de una nueva central –que podría estar ubicada en Bahía Blanca– está a cargo de una UTE integrada por Sadesa (titular de Central Puerto), Endesa, Albanesi y Duke Energy.
Como el financiamiento saldrá de las cuentas públicas, Cammesa, la administradora del mercado eléctrico mayorista (MEM), pagará la energía generada en la central bajo un esquema similar al previsto por la resolución 529/2014 de la Secretaría de Energía, que dirige Mariana Matranga. La actualización de esa normativa, que establece los precios de la energía en el MEM, es esperada desde hace tiempo por las compañías del sector.
La promesa del Ejecutivo es que la actualización de la resolución 529 de Energía traerá aparejada, a su vez, la presentación de un nuevo ítem remuneratorio para las empresas que servirá para solventar nuevas obras. Eso fue lo que reprodujeron Esteban Kiper, vicepresidente de Cammesa; Paulo Farina, subsecretario de Energía Eléctrica (ambos responden al ministro de Economía, Axel Kicillof); y Roberto Baratta, coordinador del Ministerio de Planificación, que dirige Julio De Vido, en reuniones mantenidas con ejecutivos del sector.
El nuevo esquema dejará abierta la posibilidad de que los privados traigan su propio financiamiento en dólares desde el exterior para solventar parte de las inversiones previstas. En ese caso, las empresas podrán recibir un precio más competitivo, equivalente a los incluidos en los contratos firmados bajo la resolución 220/2007 de la Secretaría de Energía. Los generadores beneficiarios de ese programa –incorporaron nueva potencia termoeléctrica con sus propios fondos– perciben cerca de u$s 70 por Mwh generado, cuatro veces más que la media del mercado. ›|‹