El Gobierno nacional está dispuesto a «acompañar y resolver lo antes posible» la situación planteada con la empresa española Isolux Corsán para culminar las obras de la Central Térmica Río Turbio, para la cual la mina de carbón de esa misma localidad santacruceña destinará toda su producción, aseguró hoy el secretario de Desarrollo Minero, Mario Capello.
Es que la empresa presentó en España el concurso de acreedores, lo que demora la posibilidad de que el Gobierno pueda avanzar en la firma del acuerdo para la finalización del 15% de las obras pendientes de la usina térmica, de acuerdo con la licitación y adjudicación de obras que realizó el gobierno kirchnerista.
Ante la inminencia del inicio de producción de la mina carbonífera de Río Turbio, la cual alimentará a la central termoeléctrica, Capello explicó que en el Gobierno «se está esperando que se resuelva en España si la empresa va quebrar y quien se va a hacer cargo, si van a levantar los pedidos de quiebra, o si alguien compra la empresa con la subsidiaria argentina».
«Estamos dispuesto desde la Secretaría de Energía Eléctrica de acompañar y resolver lo antes posible una cuestión absolutamente heredada, y para la cual vamos a tener lista la mina y a empezar a producir carbón hasta que arranque la usina», aseguró Capello en declaraciones a la emisora local de Radio Nacional.
Tras aseverar que «la mina de Río Turbio es la que va a darle el carbón que necesita a la generadora», el funcionario descartó «en absoluto que se piense en importar el mineral de Chile, o que se haya pensado en cerrar o privatizar el Yacimiento», versiones de las cuales «se tendrán que hacer cargo quienes las dijeron».
Capello aseguró que Río Turbio «es hoy un yacimiento distinto, luego de mas de un año de obras e inversiones priorizando la seguridad y la vida de los trabajadores para convertirla finalmente en una mina que produzca el carbón necesario de forma segura y permanente».
El funcionario de la cartera de Energía y Minería reiteró sus cuestionamientos a la gestión del yacimiento durante el gobierno kirchnerista bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal, al afirmar que «dejaron una cuenca abandonada y gastaron $15.000 millones de 2007 a 2015 en cosas que no tenían nada que ver con la minería».
«Se abandonó la mina y eso explica la decisión de traer el gas (hasta la central térmica lindera al yacimiento), porque sabían que no se podía producir carbón en las condiciones en que estaba la mina sin correr el riesgo de tener otro terrible accidente» como el ocurrido en 2004, cuando murieron 14 trabajadores tras el derrumbe de una de las galerías.
Capello agregó que en 2012 la intervención proyectaba una producción de 2 millones de toneladas al año y no llegaron a extraer 50.000 toneladas, la misma producción que en la década del 50, a lo que afirmó que «alguien se tiene que hacer cargo de esto que ocurrió» en implícita referencia a las denuncias realizadas ante a justicia sobre supuestas irregularidades y desvíos de fondos.
Entre las trece denuncias realizadas por la actual gestión por el supuesto manejo fraudulento de fondos en la empresa que se tramitan en fueros federales está la del fiscal federal Carlos Stornelli, en la que acusó al exministro y actual diputado nacional Julio De Vido y otros 23 funcionarios de Planificación, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Santa Cruz.