En los próximos días la Argentina concretará el pago de indemnización a Repsol por el paquete accionario de 51% que la empresa española tenía en YPF y que le fue expropiado en abril de 2012. Según pudo confirmar El Cronista de fuentes allegadas a la operación, todo estaría listo para que el gobierno de Cristina Kirchner emita los títulos contemplados en el acuerdo pasado mañana.
En el Ministerio de Economía no dieron detalles al ser consultados por este diario pero en España también aseguran que la petrolera dirigida por Antonio Brufau, recibirá el miércoles tres bloques de bonos. Según la agencia Europa Press, uno de u$s 500 millones con cupón del 7% y vencimiento en tres años (la ampliación del Bonar X), otro de u$s 3.250 millones con cupón del 8,75% y vencimiento en diez años (el nuevo bono denominado Bonar 24), y un tercero por u$s 1.250 millones con cupón del 8,28% y vencimiento en 19 años (la ampliación del Discount 33).
Vale aclarar que el arreglo establece que la Argentina podría emitir bonos complementarios con un tope de u$s 1.000 millones de valor nominal: u$s 400 millones de Boden 2015, con un interés del 7%; u$s 300 millones de Bonar X y u$s 300 millones del nuevo Boden 2024. Esto dependerá de que el valor total de mercado de los bonos sea de un mínimo de u$s 4.670 millones y un máximo de u$s 6.000 millones. Así lo exigieron los españoles para poder cubrirse de los riesgos asociados a la deuda argentina.
La incógnita ahora será seguir los movimientos que haga Repsol con esos títulos: si los venderá en el corto/mediano plazo para hacerse de liquidez o si esperará a los vencimientos para cobrar los intereses.
Aún con el acuerdo cerrado entre las partes, el kirchnerismo debió apurar el tratamiento de la Ley en el Congreso (aprobada hace 10 días) debido a que la fecha límite para una compensación a Repsol está por vencer. Precisamente este miércoles se cumple el plazo para el pago. En la ley que aprobó el Congreso argentino en abril de 2012, donde se declararon de utilidad pública las acciones expropiadas, se remite a la Ley Nacional de Expropiación (la 21.499, promulgada en la Dictadura). La legislación, que regula el procedimiento, establece un plazo de dos años para el pago, que se podrá dar de dos maneras. O las partes se ponen de acuerdo o de no existir un consenso, el Estado cuenta con ese lapso para iniciar un juicio (en el que se podría dar un pago de forma unilateral).