La Secretaría de Energía, que dirige Mariana Matranga, tomó la decisión no renovar el contrato a favor de la empresa Remasa que estaba a cargo de la administración del Banco de Datos Integral de Hidrocarburos, la plataforma que almacena información sensible de las compañías productoras de la industria petrolera. La operación de la base de datos estará a partir de ahora bajo la órbita del Estado nacional, según indicaron a El Inversor Online allegados a la cartera de Energía.
El banco se creó tras la sanción de la Ley Corta de Hidrocarburos, en 2006, que transfirió la titularidad y la autoridad de aplicación sobre los recursos petroleros en cabeza de las provincias. Hoy nuclea información sensible del segmento de exploración y producción de petróleo y gas: datos sísmicos, geofísicos, de perfil de pozos y desarrollos están incorporados en un software de Oracle que era operado a través de la aplicación Petrovisión operada por la firma Remasa. El contrato a favor de esa compañía –rubricado, en rigor, por Enarsa, la empresa estatal de energía- finalizó en junio de 2015 y, a diferencia de años anteriores, Energía optó por no refrendarlo y ordenar la transferencia de toda la información bajo la órbita de la Secretaría. Los datos fueron alojados en servidores de Arsat ubicados en el centro de control de Benavidez.
“El contrato terminó en junio y se estableció un plazo de dos meses para migrar la información de los servidores de Remasa hacia los de Arsat. Es una operación muy compleja desde lo técnico, que involucra a la empresa Claro, y requirió la intervención de la Secretaría de Comunicaciones”, detallaron las fuentes consultadas.
Hoy la página web que permitía acceder al banco ((https://pvweb.bdih.com.ar/client/PVIV.html) está caída, aunque Energía confía en restablecer su funcionamiento en los próximos días. La situación provocó el malestar de funcionarios de distritos petroleros. “Nos habíamos acostumbrado a entrar en forma diaria a la página para chequear información de áreas petroleras. Pero desde hace más de un mes, el acceso está suspendido. Tampoco se está pidiendo a las empresas privadas que envíen la información correspondiente a los meses de agosto y septiembre”, cuestionaron fuentes cercanas a la Ofephi.