El Gobierno vuelve a foja cero el proyecto minero San Jorge

Luego de casi 2 años desde que el rechazo de la Legislatura a la propuesta original de explotar oro y cobre en Uspallata obligara a reformular el Estudio de Impacto Ambiental, el Gobierno ya decidió que los actuales accionistas del proyecto San Jorge den marcha atrás por considerar que sólo presentaron una “actualización” del anterior, y no uno nuevo. De esa manera, si se acata la decisión y la firma reinicia el proceso significa que el emprendimiento, con una promesa de inversión de U$S 200 millones, no estará habilitado antes del 2019.

Así lo confirmaron tanto desde la Dirección de Minería como en la Secretaría de Ambiente, autoridad conjunta en la materia. La resolución se dará a conocer, aunque los ejecutivos de San Jorge ya fueron notificados verbalmente de la medida que dilata aún más el plan de extraer y moler el mineral en Mendoza (sin uso de cianuro ni sulfúrico, como prohíbe la ley 7722), y luego transportarlo a San Juan para su tratamiento. “A partir del análisis del impacto ambiental se ha decidido enviar el proceso a fojas cero, dado que que el proyecto de carácter biprovincial está basado en el que fue rechazado por la Legislatura durante la gestión anterior y por lo tanto no es válido. Es decir, no se puede ejecutar cuando se trata de una actualización de otro plan desaprobado. Por lo tanto, será necesario presentar una nueva EIA, y con ella reelaborar los informes sectoriales, otra convocatoria a la audiencia pública de rigor y la evaluación final”, detalló el director de Minería, Carlos Molina.

Para Molina “lo positivo es que, si se reinicia el procedimiento, quizá resulte una Declaración de Impacto Ambiental con mayor consenso técnico”. La referencia es que la propuesta inicial de San Jorge había dividido aguas entre especialistas de la UTN y la UNC sobre su pertinencia.

Por su parte, el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, admitió que, si los actuales dueños del proyecto la acatan, “en el mejor de los casos podría contar con la habilitación necesaria en un año y medio o más”. Un tema no menor es que al bajarle el pulgar el Ejecutivo, el reformulado proyecto ni siquiera llegó de nuevo a ser discutido en la Casa de las Leyes para su ratificación.

El responsable del área reafirmó que el procedimiento de la última EIA “nunca concluyó y se necesita uno nuevo”. Y eligió una analogía para aseverar que “no es lo mismo presentar planos para construir una casa que de un edificio”.

En síntesis, lo que propuso San Jorge en 2016, luego del revés legislativo, fue dividir la actividad en dos etapas entre Mendoza y San Juan: extraer oro y cobre en el lugar y completar la molienda, para luego cargar el mineral en tren y trasladarlo a San Juan para su tratamiento, foco de objeciones iniciales por parte de organizaciones ambientalistas por el uso del método de flotación y diversas sustancias químicas contaminantes.

Aunque las partes asumen que puede abrirse un frente de batalla jurídico según los puntos de vista adoptados, desde la reformulación del plan San Jorge se había aferrado a que al trasladarse el tratamiento fuera de la provincia estaba generándose un “impacto positivo” para Mendoza. Esto es, minimizar sus efectos negativos.

Desde el Ejecutivo no niegan que llevó tiempo analizar todas las aristas jurídicas a fin de prever eventuales acciones legales por parte de San Jorge, que al parecer serán inexorables. “Había que hacer un análisis jurídico profundo para no ocasionar costos legales y por lo tanto un perjuicio económico para la Provincia. Además, ha tenido tantas modificaciones que lo que debe tenerse en cuenta no es sólo el impacto ambiental, sino también el social y económico en generación de puestos de trabajo, y por tanto excede límites geográficos”, añadió Mingorance, sobre la etapa de la explotación que la firma propone completar en San Juan.

Según la compañía, se dará trabajo a 5.000 personas, entre puestos directos e indirectos para que el emprendimiento ahora envuelto en otra polémica produzca unas 25.000 toneladas de cobre anuales.

Consultado por el futuro en caso de desestimiento de sus actuales dueños, el secretario de Ambiente comparó la postura oficial, que tiene el aval de Fiscalía de Estado, con la adoptada frente al fracking, al asegurar que “demostramos que todo lo que esté dentro de la ley se podrá hacer”.

Su CEO, Taras Nechiporenko, sobre la pretensión oficial de dar marcha atrás con el proyecto, no dudó en señalar intencionalidad política en la decisión y descartar, inicialmente, de plano la posibilidad de volver a fojas 0. “Lo interpretamos como interés electoralista en explotar políticamente el tema minero. No se puede dar de baja todo un acto administrativo cuando nada ha cambiado; tampoco entendemos porqué la decisión cuando discutimos técnicamente en el ámbito de la Dirección de Minería cómo adaptarnos y unificar los proyectos en una sola DIA”, señaló el ejecutivo.

“Van a cumplirse cuatro años, por eso un buen paso sería que llegue a la Legislatura entre mayo y julio de 2018. En definitiva, que en un año más, como máximo, podamos empezar, con el compromiso del Gobierno en apoyarnos; de lo contrario, los accionistas decidirán”, consignó, sin descartar la vía legal. “Sin dudas, de ser necesario iremos a la Justicia para defender las ganas de invertir en Mendoza si eso ocurre”.