Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa) se convirtió en el primer gran grupo empresario argentino en solicitar ayuda oficial para poder atravesar una grave situación financiera generada por una fuerte caída de su producción y deudas contraídas con el exterior. El holding que comanda Enrique Pescarmona presentó ante la Subsecretaria de Trabajo de Mendoza, donde se encuentra su sede, una solicitud de apertura de procedimiento preventivo de crisis. El argumento fue tener la necesidad de lograr la sustentabilidad de su negocio. Las autoridades provinciales aceptaron el pedido, paso previo para que Impsa pueda reducir su planta laboral que actualmente llega a 3.500 operarios.
La semana pasada, El Cronista había anticipado el plan de Impsa para reclamar auxilio oficial. En ese momento, envió una carta a las autoridades provinciales abrir el llamado Procedimiento Laboral en base a lo que marca la Ley 24.013 y el Decreto 2072/94. Como argumentos, expuso que lo hace “con el objetivo de lograr la sustentabilidad del negocio, asumiendo como prioridad la continuidad de la mayoría de los puestos de trabajo, y alineado con las necesidades de producción”.
En ese marco, pidió que dicho procedimiento laboral sea abierto bajo los términos regulados por la Ley 24.013 y el Decreto 2072/94. En el caso de la ley citada, establece que antes de comunicar despidos o suspensiones “por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas”, se debe solicitar la apertura de un procedimiento de crisis. Tal cual lo que finalmente ocurrió.
El grupo Pescarmona llega a esta situación a pesar de ser uno de los grandes conglomerados argentinos. Sin embargo, en los últimos años fue mudando la mayor parte de sus negocios a Brasil, donde obtuvo mejores contratos, en especial en el negocio de la energía.
En ese marco, en la carta enviada a las autoridades provinciales informó que sus dos plantas mendocinas trabajan al 40% de su capacidad instalada como consecuencia de haber perdido importantes licitaciones de obras energéticas en el país. Se mencionan los casos de Chihuidos, Cóndor Cliff y Anacuá. También se perjudicó por el freno de obras hidroeléctricas y de emprendimientos nucleares. Este combo de problemas afectó su ecuación económico-financiera, que se agravó por la actualidad complicada de los parques eólicos, otra de sus actividades.
Según un cable de la agencia NA, los principales inconvenientes se registran en la Planta II, la unidad de producción principal de Impsa que fabrica componentes de centrales hidroeléctricas y también de aerogeneradores.
Impsa sufre además conflictos con algunos de sus emprendimientos en el exterior. En Brasil, por ejemplo, su subsidiaria Wind Power Energía SA (WPE), fue declarada en quiebra por un juzgado de Pernambuco. Sin embargo, otra resolución dejó sin efecto esta medida permitiendo que la empresa siga operando. El conflicto se había iniciado porque WPE, que fabrica aerogeneradores, no había cancelado una deuda con uno de sus proveedores por 10,6 millones de reales.