Por Lucía Salinas
Santa Cruz, la provincia con mayor superficie afectada a la actividad minera, participa de la OFEMI (Organización Federal de Estados Mineros), pero mantiene críticas hacia la conducción del organismo, creado hace un año con el objetivo de nuclear a las provincias mineras y poder allí aunar políticas sobre la actividad.
Los técnicos de la entidad están estudiando alternativas para modificar el esquema de regalías mineras. Se evalúa, en rigor, cobrar el impuesto directamente sobre la facturación de las empresas y no sobre el valor boca de mina, que involucra descontar los gastos de producción. San Juan ya implementó una metodología de ese tipo, que le permitió elevar su recaudación en un 30%.
Santa Cruz espera el avance de la discusión sobre las leyes que rigen la minería a nivel nacional. “Es en la OFEMI donde deben discutirse las cuestiones mineras de fondo. Esto es, modificar el Código Minero Nacional, mejorar la redistribución de la renta minera. Sin embargo, nada de esto se discute”, cuestionó Oscar Vera, titular de Fomicruz, la minera provincial, en diálogo con El Inversor Energético & Minero.
El directivo pidió discutir en el seno de la OFEMI la venta en el exterior de proyectos mineros en exploración, a fin de gravar ese tipo de transacciones. El año pasado, Peralta buscó sancionar una ley que permitiera percibir un 10% de esas operaciones entre privados pero sobre yacimientos en suelo santacruceño. La medida no prosperó, porque diputados kirchneristas señalaron que se violaba la seguridad jurídica de las empresas y que se desalentarían futuras inversiones.
Sin embargo, en 2013 la gobernación patagónica volverá a la carga por la aprobación de una Ley de Fortalecimiento Fiscal que aplica tres impuestos a la actividad minera; el más controvertido es el Impuesto Inmobiliario hasta el momento inexistente en la actividad. “Se pagan $ 80 por año, $ 800 anuales para un diseminado de 100 hectáreas en lo que a pertenencia se refiere. Son los montos que hay que actualizar, pero para ello hay que discutir el Código de Minería. Si eso no se puede modificar, la mejor manera es crear un impuesto inmobiliario que ante los 6 millones de hectáreas que tiene bajo la actividad en Santa Cruz puede ser redituable”, explicó Vera.
“Si desde la OFEMI o el Gobierno nacional se discutieran las regalías o el canon percibido, las provincias no buscarían avanzar en otras medidas”, advirtió el presidente de Fomicruz.
Entre los impuestos que se podrían implementar sobre la minería figuran Ingresos Brutos, que abarcaría también la pesca e hidrocarburos; el Impuesto a los Sellos al 5%; y la actualización de tasas que tienen un atraso de siete años en sus valores. Además, se podría cobrar un importe sobre la declaración de impacto ambiental que hasta ahora se realizaba de forma gratuita.
Las nuevas políticas tributarias generan aún mayor confrontación entre los legisladores afines al Estado nacional y el propio Peralta. Esta semana en Puerto San Julián, localidad donde está radicado Cerro Vanguardia, el mayor proyecto de oro y plata, se realizó una reunión entre diputados, representantes del gremio minero AOMA y sectores empresariales. Analizaron la plataforma de impuestos que quiere aplicar Peralta y advirtieron que tal aplicación representaría un ingreso para la provincia de $ 325 millones anuales, cinco veces más que en la actualidad.
Números
Con una superficie involucrada a distintos proyectos mineros que asciende a 6.224.717 hectáreas, la gobernación de Santa Cruz reclama al Estado nacional una mejor redistribución de la renta minera. En el período 2007-2012, las empresas que explotan oro y plata en la provincia pagaron, en conjunto, $ 2.070,82 millones en impuestos, de los cuales $ 1.860,32 millones fueron a las arcas del Estado nacional. Sólo un 10% del total, $ 210,5 millones, quedó en el Tesoro santacruceño, reclamó el gobernador Daniel Peralta. “Hay una mala distribución de la renta minera. Entre el 5% y 7% entra a la provincia y el resto va a Nación”, sostuvo esta semana el mandatario.
La provincia cuenta con 14 años de explotación minera, con cuatro proyectos en plena actividad, de los que se extrae un 90% de plata y un 10% de oro. En 2011, los ingresos no superaron los $ 24 millones anuales en concepto de regalías mineras. Pero el año pasado, la administración de Peralta logró fijar en un 3% la percepción de las regalías (las empresas pagaban, en promedio, un 1,5%), lo cual representó un ingreso mayor a los $ 54 millones durante 2012. Para este año, la provincia prevé recaudar $ 139 millones por ese mismo ítem.
Aun así, la gobernación sigue cuestionando lo que tributan las mineras. En 2007, las empresas pagaron –en concepto de regalías, canon minero, derecho de exportación e impuestos a las ganancias– $120.463.771, pero la provincia percibió sólo un 10,91% de esa cifra ($ 12.275.162), mientras que Nación se quedó con el 89,81% restante ($ 108.188.608).
En 2009, los porcentajes variaron un poco: de los $ 179.06 millones aportados por las mineras, Santa Cruz recibió un 15,05% (26,95 millones), contra un 84,9% del Gobierno central ($ 152,11 millones). En tanto que en 2012 el Estado santacruceño obtuvo sólo el 7,40% de los $ 835,40 millones que pagaron las mineras, contra los $ 773,62 millones de Nación, según datos facilitados por la gobernación patagónica.
“La desigualdad que existe debe modificarse, y si el Gobierno nacional no va a discutir el Código Minero y revisar la distribución de la renta, la provincia va a avanzar en impuestos a la actividad para que haya mejor retribución”, explicó Vera.
Los proyectos de Fomicruz
Fomicruz se encuentra en la actualidad asociada tanto en áreas de desarrollo minero como hidrocarburífero. En lo que respecta a las primeras, la principal sociedad está constituida con Cerro Vanguardia. En ese emprendimiento, la producción de oro durante 2012 fue de 236.828 onzas (oz) y 2.546.721 oz
de plata. Las inversiones efectuadas rondaron los u$s 75 millones, en tanto que el compromiso de inversión para 2013 asciende a u$s 61,25 millones. Vanguardia representa para el sector minero provincial un promedio de u$s 2,5 millones por mes por la participación accionaria. ›|‹